POR Lic. Diego Luciano Mazzella [1]
El pasado sábado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendió al mundo al anunciar que enviaría al Congreso de su país un proyecto para convertir la criptomoneda bitcoin en moneda de curso legal en su país. Y el martes, sin mucho trámite y aprovechando la mayoría política en la Asamblea, la Ley Bitcoin fue aprobada y El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en integrar plenamente esta nueva tecnología financiera, hasta ahora cubierta por un halo de clandestinidad.
El Bitcoin es una tecnología que ofrece integración financiera, ya que permite acceder al dinero en un entorno descentralizado entre iguales, brindando la capacidad de moverse en una red de alcance mundial. Esto seguramente fue lo que más atrajo a las autoridades de El Salvador, puesto que apenas el 30% de la población se encuentra bancarizada, y sólo un 12% tiene acceso al crédito. No obstante, el acceso a la telefonía celular es más extendido, aunque aún no es universal: de sus 6.3 millones de habitantes sólo un 45% de su población cuenta con acceso a la red de internet móvil, a la vez que más del 90% de los hogares rurales carecen de ella, según un estudio del BID en 2020. Para solucionar el problema, la ley prevé que el Estado promueva la capacitación en el uso de la tecnología necesaria para que esta innovación esté al alcance de la población. También se anunció que se invertirá en tecnología satelital para brindar conectividad a todo el territorio.
La ley establece que a partir de los próximos 3 meses los precios de las cosas expresadas en dólares (moneda oficial del país desde 2001) con anterioridad a esta nueva norma podrán ser pagadas en bitcoin, incluyendo pago de impuestos, salarios y pensiones. Uno podría ir al supermercado y el precio de las cosas estará expresado en dólares y en bitcoins. Todos los comercios serán obligados a aceptar la criptomoneda como forma de pago cuando una persona adquiera un bien o servicio.
Hoy por hoy, tener un smartphone representa tener un banco al alcance de la mano, y este potencial es lo que resulta alentador en esta iniciativa. Hacer transacciones en bitcoins es mucho más barato y ágil, pues no hay intermediarios entre los usuarios de la red que deseen comerciar entre sí. No hay una entidad central que establezca tasas o montos sino que la red descansa en su estructura computacional que es fija e inmutable. Esto va a tener también un impacto directo en las remesas, que representan el 20% de la economía del país (6 mil millones de dólares). Los medios tradicionales de recibir remesas implican comisiones muy altas, por lo cual los costos de transacción se verían notablemente reducidos.
Pero este proyecto produce algunos temores, por ejemplo, la volatilidad del precio de la criptomoneda o el impacto medioambiental que implica el “minado”. Posiblemente, no sea el propio bitcoin la moneda que se utilice, sino alguna stablecoin que descanse en el valor del dólar y en la blockchain de Bitcoin, como el Tether, una criptomoneda que cotiza al mismo valor que el dólar estadounidense, utilizada generalmente como moneda de referencia. Otra opción puede ser que la cotización sea establecida libremente por el mercado, con la consecuencia en la marcación de precios que eso podría generar.
¿Qué es una blockchain? Una blockchain es una cadena de bloques de información protegida criptográficamente cuyos bloques se relacionan entre sí matemáticamente. Los mineros son los encargados de resolver los algoritmos para que la información pase de bloque en bloque. A cambio, reciben una recompensa en criptomonedas. En cuanto al tema del consumo eléctrico del minado, el gobierno anunció un acuerdo con la empresa de energía LaGeo para abastecer la demanda eléctrica del minado con energía geotérmica proveniente de los volcanes que hay en el país. Según el presidente, es “energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable, 0 (cero) emisiones de nuestros volcanes”.
En conclusión, esta nueva legislación -no exenta de desafíos- puede a la larga beneficiar enormemente a sectores que viven de la economía informal. Una buena conectividad, y una plataforma sencilla de operar, podría abrir las puertas a millones de personas a una nueva y revolucionaria forma de entender el dinero y los negocios. Intercambiar bienes y servicios cobrará otro dinamismo que tendrá un impacto enorme en la economía, posibilitando nuevos horizontes comerciales y proyectos de desarrollo locales y descentralizados que no necesitarán de la cercanía con centros financieros, comerciales o urbanos.
[1] Politólogo. Miembro del CEDI y del Instituto Internacional de DHH, Capítulo Americano. Twitter: @DiegoMazzella.
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