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Breve radiografía socioeconómica de la dictadura genocida | Por Julián Jaraj

Actualizado: 6 sept 2019


El Golpe de Estado cívico-militar de 1976 implantó medidas de corte económico y social que representaron un profundo quiebre, un antes y después, en el funcionamiento del Estado-Nación argentino, tanto en sus objetivos estratégicos como en sus mecanismos institucionales. Se impuso una nueva Razón de Estado y se inauguró la preeminencia de la ideología neoliberal como conductora de las lógicas y las prácticas políticas y económicas de los actores de poder en nuestro país hasta nuestros días.


Los cambios en los indicadores económicos que comienzan a aparecer luego del fenómeno del “Rodrigazo” cobran sistematicidad luego del 24 de marzo del 1976 y explican una buena parte de los enormes problemas que ha sufrido la economía Argentina en las décadas que lo sucedieron.


La Argentina tenía hasta mediados de los ‘70 un aparato industrial de dimensiones respetables, el cual, a pesar de presentar algunos problemas de carácter estructural, contaba con una buena tasa de crecimiento en términos relativos. El gobierno del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” se encargó de destruir aquel aparato a través de una impresionante apertura económica que fue llevada adelante de manera indiscriminada, acompañada de una desregulación financiera y un exponencial crecimiento de la deuda externa, fenómenos que explican que nuestra economía sufriera una reprimarización a velocidades escandalosas (y difícilmente revertible).


Con este escenario, el sector financiero cobró un papel central como el principal asignador de recursos, lo que trajo como resultado previsible una feroz regresión en la distribución del ingreso, crecimiento exponencial en los índices de desigualdad (según datos de la CEPAL, el Índice de GINI en 1974 era cercano al 0.35 y en 1980 escaló superando los 0.40) y aumento de la pobreza y el desempleo, todos elementos que se tradujeron en una caída del salario real de los trabajadores.


El correlato necesario de esta política económica fue el Terrorismo de Estado, instaurado para lograr la desarticulación y quiebre del movimiento de trabajadores organizado, paso previo para la destrucción del aparato productivo-industrial que se había construido en nuestro país tras las sucesivas etapas de la ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones). Aunque ya mucho se ha dicho y escrito al respecto de ello, es indispensable recordar que buena parte de las víctimas del Terrorismo de Estado fueron personas vinculadas al activismo político-sindical. Hoy resulta claro que este programa socioeconómico solo podía ser implementado con la más terrible represión de la cual la historia reciente Argentina tenga memoria.


La cosmovisión de aquellos años oscuros quedó sintetizada en la tristemente célebre frase que dijera el entonces interventor de la Provincia de Buenos Aires, el genocida Ibérico Manuel Saint Jean: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente a los tímidos”.


Finalizado el gobierno de facto, los resultados eran escalofriantes. Una sociedad aterrorizada hasta en su seno más íntimo, con condiciones socioeconómicas pauperizadas, una estructura productiva devastada, los movimientos de resistencia totalmente desarticulados y un Estado en quiebra, producto del crecimiento exponencial de la deuda externa que había financiado enormes negocios de los sectores económicos dominantes, situación asimismo agravada por un contexto internacional de crisis para los países no centrales y por la dependencia generada con los organismos multilaterales de crédito (especialmente con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial).

En síntesis, la dictadura cívico-militar logró tristemente los objetivos que se había propuesto: la retrotracción nuevamente del conjunto del poder a las élites, fundamentalmente las vinculadas al agro y al capital trasnacional; una sociedad con escasa capacidad organizativa para dar respuestas eficaces tras los años de represión estatal ilegal; y un movimiento obrero cuyos espacios de base fundamentales quedaron muy golpeados tras la destrucción del entramado productivo. Bajo todo punto de vista, las consecuencias de la dictadura genocida iniciada en el 76 aún están latentes para el pueblo argentino.


Julián Jaraj

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