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Cronología de dos encierros

POR Manuela Díaz


Fuente: Infobae


"Si nos va a matar el coronavirus, entonces que nos maten a balazos"

Preso en U44, Santa Fe.

La pandemia y el aislamiento vinieron a trastocar casi todas nuestras actividades cotidianas. La sociedad global está viviendo el encierro preventivo, analizando y sufriendo sus consecuencias. Encerrarnos en nuestras casas tiene un sentido distinto para cada persona y para cada estilo de vida. No es lo mismo tener garantizado un techo y el acceso a servicios públicos que vivir en un barrio sin gas natural y tener que movilizarse para conseguir la garrafa, o vivir en la calle; no es igual tener un trabajo estable y saber que el sueldo va a estar depositado que no tener un salario fijo y vivir de changas. Nunca fue lo mismo, pero ahora se evidencia con más fuerza.

A partir de esta situación nos preguntamos por la libertad, por su valor, por su significado. Hay una parte de la población mundial que vive encerrada con o sin pandemia y por la que nunca nos preguntamos. Las cárceles del planeta albergan a 22,97 millones de personas. Este momento especial nos sirve para revalorar lo que creíamos dado y eterno, y puede servirnos para rever las decisiones que tomamos como sociedad sobre la libertad.

En nuestro país hay 258 establecimientos penitenciarios que alojan a más de 90.000 personas, registrando un 17,7% de sobrepoblación. Más de la mitad no tiene una condena firme, es decir que se les encerró presumiendo su culpabilidad. Estos datos van dando la pauta del hacinamiento que existe hoy en día en nuestros penales.

A raíz de estos planteos y con el problema de hacinamiento acuciante, el gobierno nacional anterior declaró la emergencia penitenciaria, que implica la construcción de más cárceles. Asimismo, promulgó la ley de flagrancia, que habilita más encarcelamientos de manera más rápida. Estas dos modificaciones han logrado empeorar la situación aumentando rápidamente el número de personas presas.

En este estado se encontraba la cuestión cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como pandemia el 11 de marzo. La única respuesta efectiva que encontramos como sociedad fue encerrarnos para controlar al virus, independientemente de las condiciones habitacionales.

Al día siguiente de esta noticia y entendiendo lo grave de la situación para la población penal en particular, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura instó a los centros de detención a adoptar otras medidas y a conceder prisiones domiciliarias, salidas transitorias y demás beneficios contemplados actualmente en la ley de ejecución penal, remarcando que la prisión preventiva debería ser una medida de excepción. Esta advertencia la hizo tempranamente un organismo estatal.

Inmediatamente, el Servicio Penitenciario Federal ordenó al personal de salud de los distintos establecimientos hacer un listado de pacientes de riesgo a fin de presentarlo a los juzgados y que se pudiera seguir la recomendación del Comité. Para reforzar esta medida, el procurador bonaerense Julio Conte Grand firmó una instrucción general dirigida a defensores y fiscales de la provincia para que analicen de inmediato esta situación y aceleren las penas alternativas a la prisión. Entre los días 18 y 20 de marzo, 565 detenidos y detenidas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires presentaron solicitudes para obtener beneficios judiciales frente al avance de la pandemia del coronavirus, como detenciones domiciliarias o morigeraciones de órdenes de prisión preventiva

El virus siguió su expansión por el mundo y la cotidianeidad de la cárcel no cambió mucho, así que las presas del penal de Batán, en la ciudad de Mar del Plata, definieron el aislamiento voluntario para evitar que sus visitas se acercaran a la cárcel, caldo de cultivo de casi cualquier enfermedad; nuestra historia reciente nos advierte sobre esto con los rebrotes de tuberculosis que se multiplican en los establecimientos de encierro. Tres días después el Servicio Penitenciario Federal suspendió oficialmente las salidas transitorias, condicionales, laborales y el régimen de visitas para evitar el avance del Covid-19, al tiempo que se comprometía a implementar el protocolo de higiene y prevención ante el virus, que implica el uso barbijos y guantes para las tareas diarias en la cárcel.

Para cuando se publicó el decreto que ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional, las cárceles ya lo habían anunciado y se preveía una reducción en la población encerrada a través de las medidas estipuladas. Esto último se vuelve especialmente importante siendo que el espíritu del decreto apuntaba a la separación de los cuerpos para evitar el contagio, cosa muy difícil en un pabellón para 12 personas en el que conviven 75.

Pero los problemas no tardaron en aparecer. Al cancelarse las visitas, los mecanismos del sistema penitenciario empezaron a fallar. Recordemos que la comida de la cárcel es escasa y mala (normalmente llega podrida a los pabellones), los elementos de higiene desaparecen luego de una larga cadena de corrupción institucional y la falta de comunicación con los seres queridos agudiza el negocio de venta de celulares que maneja el servicio penitenciario. Y por otra parte, la mercadería que ingresaban las familias contenía comida, lavandina, jabón, agua potable. Es decir que las condiciones mínimas de sanidad se garantizan individualmente, dado que el dinero que el Estado destina a las personas presas nunca llega y cada cual debe rebuscárselas para subsistir en los edificios sucios y rotos de la prisión.

Como es de público conocimiento, el virus se contrarresta con distancia física e higiene, dos condiciones que en una cárcel jamás se cumplen y mucho menos en este contexto. Los presos del penal de Coronda, en Santa Fe, se vieron atrapados, no pueden escapar del virus; denunciaron la comida en mal estado, la falta de elementos de higiene, el no cumplimiento por parte de los oficiales penitenciarios del aislamiento y el aseo adecuados. Ante la falta de respuesta, el día 23 de marzo decidieron actuar. La acción de protesta en una cárcel es muy diferente de la de afuera, no se puede marchar, no se puede publicar en redes, no se puede hacer huelga; sólo queda quemar y escapar. Así llegaron al techo del penal, quemando colchones en los pabellones y abriendo la puerta para huir de la enfermedad. El Servicio Penitenciario de Santa Fe escuchó el reclamo, pero no le importó y disparó inescrupulosamente terminando con un muerto. Lo mismo ocurrió ese día en el penal santafesino de Las Flores con un saldo de cuatro muertos. Porque, en realidad, esas vidas no importaban, y no cuidarlas o eliminarlas a balazos tienen el mismo efecto. El mismo día, en las cárceles de Batán (hombres) y de Florencio Varela, también se dieron reclamos por el incumplimiento del Servicio Penitenciario Bonaerense del protocolo de higiene; por fortuna, en esa provincia se implementó el protocolo a las horas para evitar más incidentes y los presos solicitaron que se suspendieran las visitas, una semana después del decreto obligatorio y de la determinación de activación del protocolo por parte del Servicio Penitenciario Federal.

El 24 de marzo se extendió el permiso de circulación a familiares de personas detenidas en cárceles bonaerenses. Así las familias pudieron abastecer nuevamente a sus seres queridos luego de una semana sin víveres. Si bien con esto se terminaron de apaciguar los conflictos en la Provincia de Buenos Aires, en la tarde de ese martes hubo protestas en la unidad penal IV de Concepción del Uruguay por las mismas demandas: alimentos y salubridad.


En medio de un clima problemático en todas las prisiones del mundo, Michelle Bachelet, como Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, instó a los distintos países a otorgar prisiones domiciliarias para evitar la propagación del virus en las cárceles, y el intendente de Nueva York, Bill De Blasio, dispuso las excarcelaciones de 200 personas detenidas. Ante esta tendencia internacional, el día 30 la Cámara de Casación Penal bonaerense autorizó la utilización de teléfonos celulares en todas las cárceles de la provincia; Mendoza y Chubut se sumaron a la medida. Y ya en abril se repartieron gran cantidad de tarjetas telefónicas para garantizar el derecho a la comunicación de los presos y presas federales. Esto es un gran avance para mantener las relaciones afectivas de las personas encerradas, pero está muy lejos de la propuesta de la ONU. Incluso el Papa, este martes, oró por el hacinamiento en las prisiones, advirtiendo sobre el peligro de una calamidad si no se toman medidas justas y creativas.

Esta pandemia saca a flote problemas que ya existían y los muestra en su faceta más cruel. Tenemos la capacidad como sociedad de analizar y exponer los peligros de continuar con las mismas recetas, pero sin embargo sigue pareciéndonos peligroso que esté libre una persona que no fue condenada, nos parece terrible que un ladrón de autos cumpla su condena en el domicilio, ¡qué inmoral es que un preso tenga un celular! Sin embargo, seguimos pensando que es excelente un sistema en el que las personas mueren lentamente encimadas, encerradas y contagiadas.

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