POR Lic. Lisandro Firpo
El contexto de cuarentena debido al Covid-19 nos plantea ciertos inconvenientes, pero también nuevas oportunidades para nuestras sociedades modernas. Una de ellas se da en la economía y, como vimos en estos días, con cajeros abarrotados mientras rige el aislamiento social preventivo y obligatorio, en la utilización del dinero en efectivo en la Argentina.
En nuestro país, la emisión de los billetes y monedas de curso legal está a cargo del Banco Central, en su calidad de autoridad monetaria de la Nación. Ahora bien, el Banco Central de la Argentina expresa en su informe de inclusión financiera del año 2019 que: “El Banco Central de la República Argentina tiene como uno de sus objetivos principales fomentar la inclusión financiera, es decir, lograr que todas las personas y empresas accedan y hagan uso de los servicios y productos financieros para realizar pagos, ahorrar o demandar un crédito, a un costo razonable y de manera segura para el consumidor y sostenible para los proveedores. De esta forma también contribuye con su finalidad de promover el desarrollo económico con equidad social que establece el artículo 3° de su Carta Orgánica”.
Comencemos, pues, con los inconvenientes. Primero, el cómo hacerse de efectivo en un escenario restrictivo que, en este contexto de aislamiento, se amplifica por una cuestión netamente lógica: un férreo control que demanda que los ciudadanos no circulemos para de esa manera evitar la propagación del virus. A pesar de ello, pudimos observar que en el 8º día del aislamiento social preventivo y obligatorio miles de argentinos se agolparon en los casi 20 mil cajeros automáticos de todo el país para realizar extracciones.
A esto se suma que no solo se da este inconveniente para quienes quisieron retirar efectivo sino que también las cadenas de pago se vieron afectadas. ¿Por qué? Debido a la cuarentena, no hay atención al público de ningún tipo en las sucursales. Esto impactó en que miles de comerciantes de pequeña y mediana escala encuentren grandes restricciones para depositar su recaudación sumándole el no poder afrontar los altos costos de un servicio de caudales. Para tener una idea, para una recaudación de $1.8 millones de pesos, la comisión para este servicio es de entre 1,5% y 2% del valor de lo trasladado, o sea, entre $27 y $36 mil pesos.
En ese marco, ¿por qué se da este comportamiento y cómo podemos transformarnos en una sociedad donde se haya erradicado el dinero en efectivo? Para entender las pautas de comportamiento que han derivado en que la Argentina sea uno de los países con mayor índice de uso de efectivo en el mundo, necesitamos algo de contexto. Finales del año 2001, la joven democracia argentina está por sufrir una de sus peores crisis económicas. El liberal ministro de economía Domingo Felipe Cavallo decide restringir el uso del dinero que los argentinos tenían en sus cajas de ahorro, cuentas corrientes y sus depósitos bancarios. El periodista Antonio Laje lo denominó “Corralito” pero en términos normativos fue el decreto 1570. En total se afectaron 16 mil millones de dólares en cuentas a la vista y 42 mil millones de dólares en plazos fijos. Automáticamente se restringió la liquidez monetaria y se ahogó la economía: los clientes solo podían retirar 250 pesos por semana. 19 años después, aún podemos encontrar comportamientos “marcados” por este golpe fatídico a nuestra economía, ya que según un estudio privado llevado adelante en Argentina en el año 2019 por la firma Link, sobre la base de 29 millones de clientes representativos de todas las geografías del país, rangos etarios y nivel socioeconómico de su red, demuestra que de ese total de clientes, 1 de cada 3 utiliza los servicios solo para retirar el efectivo de su cuenta de una sola vez, ya sea al cobrar su sueldo, haber previsional o asignación social.
Claramente, los argentinos no confiamos en ciertas instituciones, principalmente los bancos, y estas pautas de comportamiento lo afirman. El argentino promedio sería un ciudadano que, a pesar de estar bancarizados, actúa como no bancarizados, operando solo con efectivo, consciente de los problemas de seguridad física sobre su persona que esto conlleva.
Por último, ¿quién es el principal actor perjudicado por el uso principal de efectivo como medio de pago en Argentina?: el Estado, o sea todos nosotros. ¿Por qué? Primordialmente debido a que esto permite la evasión y el llamado “negreo”, ya que no hay trazabilidad en la mayoría de las transacciones llevadas adelante con el uso del papel y ese dinero no ingresa al sistema para ser reinvertido en salud, educación o infraestructura. Y esto también se liga a que nuestra economía mantiene un alto porcentaje de informalidad, trabajo en negro y precariedad laboral.
Evasión fiscal año 2018 según B.M y OCDE.
Un billete no solo tiene valor de cambio, sino que tiene un costo propio de soporte. Es la logística que implica su uso y nos representa un costo más alto que los mecanismos electrónicos, a razón de aproximadamente $5 por billete. Este es el costo final sumando el costo de impresión más el logístico de ponerlo en circulación.
Cantidad de billetes en circulación al 31/12/19 en Argentina: $5543 millones
Cabe añadir que debido al costo arriba mencionado y al proceso inflacionario, el billete de $5 se ha cambiado por monedas. Pero ahora sumemos otro nivel de complejidad al tema. Algunos economistas hablan de que no hay incentivos al uso de tarjetas y elementos electrónicos debido a la falta de oferta de parte de comerciantes de recibir pagos bancarizados o electrónicos. ¿Qué tal si podríamos pagar cualquier bien o servicio con tarjetas de débito o crédito, homebanking, aplicaciones móviles o billeteras electrónicas?, ¿Por qué esto todavía no es posible en Argentina?
Desde un punto de vista teórico, habría que comenzar por considerar la normativa vigente. En nuestro país, el 10 de junio de 2016 se promulgó la ley 27253, la cual en su artículo 10 establece que la “obligación de aceptación de medios de pago bancarizados en cualquier comercio o servicio”.
Ahora bien, en términos reales, ¿en cuántos de los comercios que frecuentamos diariamente o servicios que contratamos tenemos la posibilidad de pagar de manera electrónica? En muy pocos. ¿Y a qué se debe esto, si poseemos una ley que obliga a que lo haga? Desde el punto de vista de comerciantes, el uso del plástico les genera un costo por operación que ellos aducían era excesivo, siendo uno de los países del mundo donde su nivel era el más alto. De acuerdo a la ley de tarjetas de crédito, las comisiones tenían un tope de 3% + IVA en crédito y 1,5% + IVA en débito. Eso sin considerar el costo mensual del aparato, que va desde $500 a $1600. La cámara argentina de comercio planteo su reclamo a las empresas del sistema de tarjetas y a partir de enero de 2020, el arancel máximo que pagarán los comercios será de 2% por operaciones con tarjetas de crédito y de 0,9% con débito; dato de color es que la principal empresa del sector PRISMA, propiedad de un conglomerado de 14 bancos y empresa representante de VISA en Argentina, fue denunciada por “abuso de posición dominante” y debió realizar una desinversión y venta del 51% de su paquete accionario, logrando así que desde finales del 2019 rija un sistema multi adquirente, que promueve una mayor competencia y beneficio para consumidores y comerciantes. La denuncia de la comisión nacional de defensa de la competencia era clara, la empresa participaba de los 4 mercados que se crean alrededor de los pagos electrónicos: el de la emisión de las tarjetas, la adhesión de los comercios, el procesamiento de los pagos y el de provisión de terminales, por lo cual creaba las reglas para dejar afuera a cualquier competencia.
Comenzamos a darnos cuenta por qué en la mayoría de los comercios solo tienen VISA como forma de pago en tarjeta, y por qué muchísimos comercios realizan descuentos en pago al contado a pesar de contar con formas de pago bancarizadas y de estar prohibido por la resolución 51/2017, y en el inciso C del artículo 37 de la ley 25065.
Fuente: https://www.mendozapost.com/nota/43493-prisma-el-negocio-redondo-de-visa-que-entorpece-la-economia.
Otro detalle a tener en cuenta es la liquidez, es decir, cuánto demora en acreditarse un pago al utilizar utilizando medios bancarizados. Mediante un sistema tradicional Posnet, los pagos se acreditan a los 22 días si la transacción fue con tarjeta de crédito y entre 8 a 10 días si fue con tarjeta de débito. Ahora, si se cuenta con el sistema de pagos Point de Mercado Pago, el dinero estará disponible entre el momento del pago hasta los 60 días, dependiendo de si es un pago en débito, crédito y de las tarifas que MELI cobra.
Aquí es donde comienza a vislumbrarse el negocio financiero que estas empresas realizan con el dinero de sus clientes, ya que disponen de estos fondos en el transcurso de los días hasta que se acredita el pago para el uso que ellos dispongan. En una próxima nota ahondaremos en estos tópicos y añadiremos algunas aristas más al análisis.