POR Lic. Lisandro Firpo
Comenzaremos por analizar la carga tributaria que conlleva bancarizar o digitalizar un comercio o servicio, dado que en el último tiempo se ha dicho que es uno de los grandes factores que retrasan la inclusión financiera en nuestro país.
Para que se tenga una idea: por cada $100 que se pagan por un producto, hay un componente tributario de $17 de IVA, $6 de impuesto al cheque, $10 de Ingresos Brutos, $4 de tasas municipales, más Ganancias, que de acuerdo al sector que corresponda puede elevarse a $3 o $5. Esto muestra rápidamente que efectivamente hay un gran des-incentivo o barrera para llevar adelante un avance hacia la inclusión financiera y democratizar el acceso al dinero debido a la alta presión y distorsión tributaria. Y aquí encontramos la mayor paradoja: la gran cantidad de tributos no se condice con su eficacia, lo que acelera la evasión fiscal.
Ahora bien, debe quedar claro que los impuestos deben pagarse, en lo posible mediante un pacto fiscal. Pero esto implica, si tomamos como ejemplo otras regiones del mundo, que los impuestos deben ser progresivos, con un alto gravamen en la renta de todo tipo, menos al consumo de los sectores bajos. Mención aparte, desde ya, en el marco del Covid-19, que trae aparejada una baja en la recaudación. Al respecto, muchos especialistas encuentran este momento como clave para llevar adelante una acción coordinada entre los tres niveles de gobierno para avanzar en un esquema ordenado en materia tributaria.
Pero vayamos ahora al estado de situación respecto al dinero digital, para pensar modos de lograr dejar atrás el uso del dinero efectivo, que es el tema de este estudio. A favor, tenemos que ya lo han logrado otras sociedades en el mundo, así que contamos con una posibilidad real de lograr la inclusión financiera en Argentina.
Las principales preguntas en las que debemos incurrir son: ¿cuán bancarizada está nuestra sociedad? ¿Qué nivel de conexión a internet y uso de teléfonos inteligentes hay? ¿Cuántos comercios y servicios permiten el pago mediante dinero digital? ¿Cuán abierto es el mercado de herramientas y apps para impulsar el uso del dinero digital? ¿Qué medidas toman el gobierno y las entidades financieras a fin de incentivar el uso de medios de pago digitales? Por último, ¿con qué nivel de seguridad y estabilidad cuenta este sistema?
Sobre el nivel de bancarización de nuestro país, según el informe de inclusión financiera del año 2019 del BCRA el 80 % de adultos cuenta con al menos una cuenta de depósito (caja de ahorro o cuenta corriente) en una entidad financiera. No obstante, este dato alentador, pudimos observar que según el informe 9 realizado por LINK en base a datos de 29 millones de clientes, 1 de cada 3 de estos clientes tiene cuenta bancaria pero sólo la usa para retirar el efectivo de una sola vez. Esto demuestra, como habíamos analizado en la nota anterior (https://www.cedesarrollointegral.com/post/el-covid-19-y-el-dinero-en-efectivo), un comportamiento de desconfianza total respecto a los bancos. Los especialistas lo denominan sub bancarizados y son su principal desafío a fin de avanzar en la inclusión financiera. Este mismo estudio nos muestra un mapa de la Argentina con los porcentajes de uso de dinero electrónico por provincia. Los resultados demuestran un alto uso en las provincias patagónicas y el centro del país, en detrimento de las provincias del norte.
En relación a la segunda pregunta, de acuerdo al mobile report llevado a cabo por la asociación de marketing móvil, en nuestro país hay más de 40 millones de dispositivos inteligentes de telefonía, lo que significa que 9 de cada 10 habitantes poseen uno de estos aparatos, siendo una de las sociedades más conectadas a nivel regional. Y también refuerza esta información el informe realizado por el INDEC en torno al acceso y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), que da cuenta de que 84 de cada 100 argentinos emplea el celular para acceder a internet y que la región patagónica es la que encabeza los conglomerados que mayor uso da a la telefonía móvil, computadora e internet. En términos etarios, el INDEC expresa que “el teléfono móvil resulta ser la tecnología de uso más extendido para la población joven y adulta. Utilizan celular entre el 94,2% y el 96% de las personas de 18 a 64 años y el 64,6% de la población de 65 años y más.” En resumidas cuentas, no existe un limitante a la inclusión financiera en materia de acceso a las tecnologías por parte de la población.
En la anterior nota hablamos acerca de la Ley 27253, que en su art. 10 establece que los comercios tienen que contar con un sistema de pago digital. Asimismo, señalábamos entonces que en la práctica nos encontramos con que la mayoría de los locales sólo toma el efectivo como forma de pago, y entonces analizamos los altos costos que los posnet tradicionales y los puntos de MELI conllevan. Repasamos, a su vez, la carga tributaria que recaería al bancarizar su negocio como las principales barreras que aducen los comerciantes para implementar esta modalidad de pago. En este punto sí que encontramos un freno al avance contra el uso del efectivo ya que desde la oferta no hay canales de pago. ¿Qué se debería hacer para lograr un progreso?
De acuerdo a la experiencia de muchos países que han logrado un adelanto en este sentido, lo primero a considerar es que sólo es posible mediante una batería de medidas público-privadas.
La primera medida que se debe tomar es lograr que los comercios cuenten con muchas tecnologías de cobro, pero como hemos señalado, también, en la nota previa, en nuestro país la empresa PRISMA ha mantenido un control monopólico siendo el único proveedor de este servicio para todos los comerciantes. Eso hoy está cambiando, especialmente a partir de la denuncia contra dicha empresa y, también, porque han aparecido nuevos actores, entre ellos Mercado Libre. La empresa de Galperin supo tomar como ejemplo el caso de IZETTLE, de Suecia, y desde su inserción en este nicho ha colocado más de 1 millón de dispositivos de punto pago, cuando antes había sólo 800 mil.
En otro orden, dentro de las medidas a considerar para estimular el uso de estos elementos digitales encontramos la multiplicación de incentivos, tanto para los consumidores como para los comerciantes. Por ejemplo, la bonificación del aparato, descuentos, promociones, sorteos, beneficios por adhesión a débito automático, devolución de un porcentaje del IVA, como solía haber de un 5%. Y en nuestro país, principalmente, una política de información certera sobre estos beneficios, además de educación financiera, algo sumamente necesario si queremos lograr que las personas que hoy solo usan la cuenta de banco para retirar su salario o beneficio social se integren plenamente en el uso de todas las herramientas que representa la era digital actual en relación a la inclusión financiera. Pongamos como ejemplo de expansión de métodos electrónicos de pago, el caso del pago del boleto de transporte público, el cual ha transformado nuestra manera de viajar y le ha permitido al estado llevar adelante una cuantificación, segmentación de beneficios y subsidios, control de gastos de las empresas de transporte, mayor seguridad y rapidez para conductores como para pasajeros.
¿Qué sucede con los millones de habitantes que no poseen cuenta de banco y muchos de los cuales no confían aun en los bancos? Basándonos en los análisis y proyecciones realizados por el INDEC, el BCRA y Link, entre otros, se trataría de un total de 3 millones de adultos mayores de 15 años. Llamamos a este fenómeno exclusión financiera.
Ahora, sumémosle a esto el hecho de que nuestro país se destaca entre los que mayor talento en tecnología posee a nivel mundial, un talento que nos puede ayudar a lograr la universalización de herramientas financieras y sus beneficios en relación a la inclusión financiera a bajo costo. Y consideremos a continuación la cuestión técnica. A fin de realizar un pago contamos con diversas formas de pago: efectivo, pago electrónico, tanto pagando con tarjetas como también como pagando con billeteras virtuales como Mercado Pago; por último, sumemos los sistemas de billetera móvil que no requieren de cuentas bancarias y, por ende, no poseen gastos de mantenimiento ni de conexión a internet, ya que se comunican mediante SMS. Citemos para el caso el desarrollo del Banco Nación llamado PIM, que llegó al millón de usuarios mediante asociaciones con ANSES y beneficios que brinda para su uso, entre los cuales encontramos: cero costos de mantenimiento y uso, tanto para el usuario como para los comerciantes, y que se puede usar en cualquier celular, sea de alta gama o básico, además de no consumir datos de la línea.
Otro elemento de análisis que se puede considerar es el de la Interoperatividad, es decir, la posibilidad de lograr una traducción entre cuentas bancarias y no bancarias o billeteras digitales en la búsqueda de evitar el uso de efectivo, habida cuenta que, así como en el mundo bancarizado para recibir o enviar dinero se necesita de una clave bancaria uniforme CBU, que sería como nuestro DNI, en el mundo no bancarizado hace falta su equivalente, la clave única virtual CUV.
En lo que respecta a la asociación entre teléfonos inteligentes y pagos digitales, Argentina sigue relegada. Primero, porque nuestro móvil debe contar con una tecnología que se llama NFC, que solo lo poseen los dispositivos de alta gama. Por otro lado, los puntos de contacto o posnet también deben contar con la misma tecnología. Sería algo así como el sistema SUBE, pero con muchísimas más prestaciones. Aún hay tiempo para seguir creciendo en este tipo de tecnologías, pero no se puede avanzar sin antes lograr la tan mentada inclusión financiera.
Una cuestión interesante se liga a las Fintech, o empresas que desarrollan servicios financieros a través de la tecnología en español. Un modo de abrir el campo de beneficiarios puede darse al aprovechar el gran caudal de nuevos usuarios de estos medios de pago. El obstáculo que encontramos, como analizáramos en la nota anterior, es que, al fin y al cabo, tanto bancos como Fintechs tratan de sacar ventajas con el dinero de sus clientes, sea retrasando los pagos, cobrando mayores comisiones o creando una jugosa masa de recursos para hacer negocios financieros. A modo ilustrativo, tomemos los casos de MELI y UALA. Estas empresas crean para sus clientes una cuenta comitente, necesaria para llevar adelante compra de acciones, bonos, etc. Pero en este caso son las empresas quienes deciden en qué invertir, además de usar esa masa líquida para apalancar sus fondos de inversión, convirtiéndose así en parte beneficiaria. Como ellos le dicen a sus clientes: "cuanto mayor tiempo tengan su plata invertida, mayor puede ser su rendimiento". Habría que agregar: “y mayor nuestras ganancias”. Y si bien esto puede presentarse como un escenario en el que “todos ganan”, la realidad y la historia demuestran que aquí el Estado debe ser un actor trascendental, no sólo como para alentar a los privados a desarrollar herramientas para lograr la inclusión financiera, sino también estando presente en cada eslabón: en las modalidades para beneficiar a comerciantes y usuarios, en el control sobre la evasión, al ordenar la estructura tributaria, creando así más empleos formales y, principalmente, buscando que estos fondos sean invertidos en proyectos productivos y de infraestructura para la nación, para que el desarrollo y no la sola rentabilidad sea la prioridad.
Para cerrar la serie de preguntas, nos queda definir si nuestro sistema es seguro en términos de ciberseguridad. Esta pregunta creo que se responde con algo que ya dicho: educación financiera y más campañas para informar a los usuarios sobre la prevención contra los delitos cibernéticos o el robo de datos de sus tarjetas.
Hoy disponemos de sistemas de pago en su mayoría encriptados, haciendo casi imposible la estafa. Al mismo tiempo, la normativa del BCRA y el avance tecnológico ha ayudado a reforzar la seguridad de nuestras tarjetas: hoy poseen chip además de banda magnética. Estas medidas se han complementado al establecer penalidades en los comercios que no apliquen los dispositivos de pago para estas tarjetas. Y otra gran herramienta son los algoritmos, los cuales mediante análisis de consumos del usuario detectan variaciones en el mismo y lo informan. En este sentido, en Argentina hay que cuidarse más de las personas que acceden físicamente a los datos de las tarjetas que a los ciber-robos. No obstante, es bastante conocido el caso de los famosos mails que nos llegan desde las entidades bancarias o desde nuestra empresa de tarjeta solicitando que enviemos datos como el código de verificación, pero esta práctica o modalidad de robo de claves, datos y luego fraude financiero sigue siendo más habitual de lo que nos gustaría. Entonces, a riesgo de ser redundantes: hace falta educación financiera.
Concluyendo, la agenda de debates del último tiempo, particularmente tras el fenómeno de la pandemia y las medidas de resguardo y aislamiento social, exigen una respuesta a nuestras prácticas financieras, en especial en lo que hace al uso del dinero en efectivo. Este es un momento que nos debe encontrar unidos entre otras cosas para plantear una agenda de desarrollo estratégico y, entre los temas prioritarios, buscar soluciones efectivas, rápidas y de relativo bajo costo a la problemática de la inclusión financiera, de la mano de la tecnología y bajo la égida del estado. Dejar atrás el uso del efectivo es posible.