De un tiempo –corto– a esta parte, el 8 de Marzo sufrió una reconfiguración de sentido. Una fecha en la que se activaba la economía de los floristas y las chocolaterías mutó para reconvertirse en un elemento de visibilización de los reclamos que las mujeres y disidencias levantamos a diario. Demandas cuyo abanico se ha ido ampliando al calor de las distintas disputas de poder y simbólicas que se desplegaron a nivel mundial en la última década y se aceleraron en el último tiempo (recién en 2017 el paro del 8 de Marzo adquirió carácter internacional). El Ni Una Menos en Argentina, el Ele Não en el Brasil de Bolsonaro, la Marcha de Mujeres contra la elección de Trump en Estados Unidos son todos elementos fundantes y síntomas de una época en la que los paradigmas con los que se busca interpretar el mundo están cambiando.
Estos movimientos, junto con la tradición feminista, han denunciado que el lugar de la mujer ha sido históricamente el doméstico, en contraposición a la esfera pública, dominada por el hombre. Por consiguiente, es clave para los estudios de género hoy día impulsar no sólo un cuestionamiento de ese mundo que requiere que las mujeres (en su mayoría) realicen tareas consideradas como trabajo no remunerado sino, también, señalar que dichas tareas de cuidado son las que garantizan la reproducción del sistema capitalista.
Una de las dimensiones que compone esta nueva forma de ver, pensar y hacer el mundo es la del diseño urbano, aquel encargado de la dinámica de las ciudades en las que habitamos. La práctica urbanística es la responsable de determinar la locación de las actividades en los espacios, la forma que adquieren los espacios públicos y privados y las características del transporte, entre otras. De esta manera, determina el acceso que las personas y los grupos sociales tienen a lugares de empleo, equipamientos y servicios, al tiempo que configura de qué tipo será ese acceso. Sin embargo, el urbanismo no es neutro: fue pensado históricamente por hombres blancos cis para sujetos de las mismas características. Múltiples son las identidades que habitan el espacio urbano y diversas sus necesidades y aspiraciones. Una ciudad que no reconoce esa diversidad y que pondera el trabajo productivo formal por sobre el reproductivo no remunerado se convierte, finalmente, en un ambiente excluyente y hostil que refuerza las desigualdades de la estructura social.
Frente a esto se hace evidente la necesidad de proponer otras formas de planificar el espacio que reconozcan el trabajo reproductivo y sus necesidades, y que integren la diversidad de todos los actores que lo habitamos. El urbanismo de género se propone entender cuáles son las problemáticas que atraviesan las mujeres y disidencias, específicamente aquellas dentro del espacio público, y brindar respuestas desde la planificación urbana. Para esto es preciso profundizar en la forma de habitar los espacios comunes, indagar en los problemas de accesibilidad al transporte y comprender la dinámica y finalidad de los recorridos que se llevan a cabo.
En este sentido, una dimensión de suma importancia es la de la seguridad. Una ciudad con perspectiva de género es aquella en donde todas las identidades que la habitan se sienten seguras y cómodas al circular por la misma. Para esto, el urbanismo de género se propone identificar los horarios en que circulan las mujeres y disidencias, los lugares y calles evitados, la existencia de senderos luminosos, entre otros indicadores. En definitiva, la planificación de lo urbano desde una perspectiva de género busca identificar qué tipo de inconvenientes o desafíos sortean todxs aquellxs que no son hombres cis heterosexuales a la hora de habitar la ciudad; y para esto es primordial incorporar a todos estos sujetos a la planificación urbana, potenciar sus testimonios y vivencias. En este marco el Colectivo LGBTI se propone incorporar una visión inclusiva, diversa y de respeto a la hora de pensar una ciudad. Posibilita formas innovadoras de crear condiciones propicias para habitar el núcleo urbano en comunión con la diversidad, en pos de garantizar convivencias más amigables.
Un ejemplo ilustrativo de lo que supone pensar la planificación urbana con perspectiva de género puede ser encontrado en el Manifiesto "El derecho a la Ciudad de las Mujeres", promovido por la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, en el que colaboraron todas las organizaciones feministas que forman parte de la plataforma, por iniciativa de Ana Falú. El mismo enumera diez puntos que pueden ser leídos –con fines operativos– en 5 ejes: discriminación y violencia, participación política, autonomía económica, acceso a bienes y servicios y reconocimiento del trabajo doméstico.
El primero plantea la necesidad de construir una ciudad que tome todas las medidas necesarias para garantizar el cese de la discriminación y la concreción de la igualdad en el ejercicio de los derechos ciudadanos para las mujeres pobres, afrodescendientes, indígenas, migrantes, LGBTIQA y con discapacidades, entre otras. En la misma línea, hace referencia a la necesidad de una ciudad que adopte políticas que fomenten el cese de la violencia –física, psicológica, material o simbólica– contra las mujeres en el ámbito público y privado.
El segundo, engloba otros puntos que plantean con apremio una participación política plena y efectiva de las mujeres, y la igualdad para el desempeño de puestos de toma de decisión. De la mano con esto se explicita también lo inminente de que las mujeres tengan una voz activa y decisiva en el proceso de planificación, diseño, producción, uso y ocupación del espacio urbano.
El tercer eje se refiere a lograr una ciudad que promueva la autonomía económica de las mujeres al garantizar igualdad en el empleo, como asimismo el reconocimiento del trabajo informal de las mujeres como fuente decisiva de ingresos en las ciudades. Se plantea una ciudad que cambie las relaciones de poder entre hombres y mujeres, familias mercado y Estado, y que reconozca el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
El cuarto, establece que la ciudad debe garantizar el acceso equitativo y asequible de las mujeres a una vivienda adecuada y a los bienes, servicios públicos y oportunidades que brindan las ciudades poniendo especial atención a las tareas de cuidado.
En relación con esto último, el quinto eje hace referencia a una ciudad que reconozca y redistribuya el trabajo de cuidado y lo incluya como una responsabilidad pública y social.
Como sucedió con la introducción de la temática sustentable en los debates urbanos, es importante identificar que la transversalización del género en la producción urbana implica cuestionar los modelos urbanos arquitectónicos desde donde hemos aprendido a imaginar la ciudad ideal (en especial, aquella vinculada al paradigma moderno, según el cual la planificación de lo urbano condicionaba el accionar de las personas, priorizando al automóvil y los usos únicos como el fabril o residencial). Como toda transformación, el urbanismo de género demanda tirar abajo viejas estructuras para construir nuevos espacios que reconozcan y pongan en pie de igualdad a todas las identidades que constituyen el mundo. En esta, como en todas las disputas de sentido, nos encontramos.