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Humedales: un debate urgente y estratégico





Por Micaela Valentini [i]


Con motivo del mes de los humedales, quisimos lanzar esta nota a los fines de ver la importancia de estos ecosistemas en el ambiente, y las graves consecuencias que acarrea la ausencia de una mirada sinérgica y carencia de políticas de estado que nos permitan analizar de manera estratégica las problemáticas que afectan al país hoy y que se verán reflejadas en el mediano y el largo plazo.


Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo y presentan numerosos servicios ecosistémicos y beneficios ambientales: tienen la capacidad de retener el agua de las lluvias y crecientes de los ríos, por lo que atenúan el impacto de las inundaciones. Por otro lado, son capaces de filtrar los contaminantes presentes en el agua, gracias a la presencia de vegetación, que absorbe metales pesados y degrada distintos compuestos orgánicos. Asimismo, funcionan de reservorios de biodiversidad y almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema, por lo que se consideran grandes aliados en la mitigación y la adaptación al cambio climático.


Estos factores hacen que sean considerados recursos naturales de gran valor estratégico, en tanto constituyen grandes reservas de agua dulce: representan la tercera reserva mundial más grande de agua dulce.


En los últimos años se renovaron las iniciativas legislativas por una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la conservación de los Humedales. En este tiempo, se multiplicaron las amenazas a estos valiosos ecosistemas; afectando a la biodiversidad y a las comunidades que los habitan y perturbando la estabilización climática a la que contribuyen.


Conscientes de esta deuda histórica ambiental, a lo largo de los años se presentaron varios proyectos, 15 entre ambas Cámaras. Después de mucho trabajo, lograron obtener un texto unificado que alcanzó dictamen de mayoría en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados en noviembre del 2020. Un año después, el texto quedó sin ser tratado por las comisiones restantes de la Cámara Baja. Una vez más, se cajoneó la Ley de Humedales.

En este escenario, con la mirada puesta en la agenda pública de los principales temas ambientales que más urgen, es que creemos relevante seguir de cerca este proceso, insistiendo con la demanda de la sanción de la Ley de Humedales.


Para transformar esta situación, se necesita voluntad política y presupuesto; pensar campañas de concientización y, principalmente, intervención territorial, que es lo que le falta al Estado.


Las presiones de los lobbies extractivistas actualmente prevalecen por sobre las demandas socio-ambientales populares. Los humedales son un bien común.


Un ejemplo de esto es el avance constante de los incendios en los últimos años, que vienen siendo una amenaza constante para los humedales. En enero de este año, el gobierno nacional declaró la emergencia ígnea en todo el país. Ello, a pesar que la Ley 26.815 del Sistema Federal del Manejo del Fuego, del 2012, tiene por objeto plantear la coordinación entre autoridades nacionales y provinciales para atender los incendios. Seguimos corriendo detrás de las consecuencias del fuego en lugar de prevenir, y ya se trata de focos independientemente de la época del año. El desmonte tiene una intencionalidad específica. Está más que comprobado que más del 95% son intencionales, a los efectos de causar un cambio de uso del suelo para fines productivos, de tipo agroindustrial o inmobiliario.


Un marco regulatorio y de resguardo constituye una herramienta indispensable para detener la rápida degradación y deterioro que están enfrentando estos frágiles ecosistemas, y que ponga en relieve la interdependencia entre ambiente, los Derechos Humanos y la salud de las personas.


Se necesita una Ley de Humedales operativa desde su definición, objetivos y aplicación a todos los niveles. Una ley con moratoria, que prohíba actividades contaminantes y destructivas en los humedales; una ley que permita avanzar con el desarrollo de un inventario nacional de humedales, pero también, que establezca que las provincias deben, en paralelo, incorporar los humedales al ordenamiento territorial.


Lo que nos interesa remarcar con este breve artículo, más allá de insistir en la necesidad de un marco regulatorio como política pública, es el hecho que, cualquier problemática a la que hoy en día se enfrentan los humedales, no debe reducirse a una problemática local ni a una especificidad territorial delimitada; debe pensarse a los humedales como una red conectada, como en verdad funcionan, y no aislados desde su análisis puntual. La discusión es definitivamente compleja, de larga data y con implicancias económicas, ambientales, sociales y geopolíticas para los intereses estratégicos del país; por eso sostenemos que su tratamiento conforma una causa nacional y exige una mirada integral que asegure la continuidad de las políticas, buscando lograr la convivencia entre ambiente, sociedad y economía.


Discutir el modelo de desarrollo es también un punto clave para entender cómo nos revinculamos con el ambiente y, básicamente, cómo hacemos para no destruirlo. En definitiva, se trata de volver a legitimar el rol planificador del Estado, haciendo que en las decisiones que se tomen en los territorios siempre prime el interés público por sobre el privado.


La Ley de Humedales viene a cubrir ese bache para proteger este gran reservorio de biodiversidad y promover sinergias con otras actividades económicas que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.



[i] La autora es licenciada en Gestión Ambiental Urbana.

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