¿Por qué replantear un modelo de desarrollo?
Por desarrollo se entienden muchas cosas. ¿A qué nos referimos cuando empleamos este concepto? Sin caer en mares teóricos de tintas exóticas, trataremos de ser lo más simple posible. Cuando hablamos de desarrollo nos referimos a una política de Estado que no cambie, más allá de los gobiernos de turno; una política de Estado basada en el realismo y la economía política. Hablamos, entonces, de la sistematización de una economía política para el desarrollo nacional, impulsado desde políticas estatales instituidas y pensadas para el mediano y largo plazo. Porque las decisiones económicas pueden tomarse, aunque muchas veces esto haya sido una excepción en vez de la regla, desde la demanda de valor agregado para nuestro sistema productivo.
¿Por qué nos preguntamos sobre el desarrollo en un país como la Argentina? La primera respuesta, tentativa, que nos surge es: porque nos moviliza el anhelo de ver resuelto algo que hace décadas debería haberse zanjado; porque no se ha logrado plasmar esta inquietud política básica en un modelo integral económico y productivo que responda al interés nacional. Argentina puede livianamente caracterizarse como un país que siempre avanza justificando su propia autodestrucción (cabría, seguramente, acotar que la “destrucción” es, en todo caso, dirigida desde otros lugares con cómplices locales). Da la sensación de que la mayoría de las veces nos encontramos cíclicamente a la deriva, sea por decisiones equivocadas o adredes, sin pensar o tener en cuenta una estrategia de desarrollo continuo en el tiempo.
Debido a ello, si asumimos la seriedad de este dilema, no podemos seguir hablando de desarrollo sin considerarlo en relación al interés nacional. ¿Qué significa esto? En primer lugar, situarnos en el país emergente y periférico que todavía somos, porque es desde esa perspectiva que podemos y debemos desplegar la potencia de una visión propia frente a diferentes procesos históricos. Visión propia, es decir, pararnos frente al mundo reconociendo lo que es conveniente o no lo es para el desarrollo de nuestra nación, porque toda negociación geopolítica hoy día se realiza en un mundo que crece en su interdependencia y exige un posicionamiento activo por parte de las naciones. Esta premisa, diríamos epistemológica, implica tomar los recaudos necesarios para no caer en falsos modelos que se presentan insostenibles a lo largo del tiempo, como también tener una saludable sospecha en los formadores de opinión que, desde los grandes medios de comunicación, quieren desviarnos del propósito de una Argentina sustentable a partir de políticas de Estado que prioricen el interés nacional.
El último elemento de relevancia en nuestro análisis es, justamente, la noción de interés nacional. ¿Por qué al hablar de modelos de desarrollo afirmamos que debe prevalecer el interés nacional? Porque estamos debatiendo una estrategia nacional en un mundo extremadamente complejo, donde las crisis políticas y económicas son moneda corriente y, cada vez con mayor regularidad, sacuden mayormente a los socios más pequeños o dependientes. En ese contexto, una estrategia nacional no puede sino tener como misión un país ordenado y estructurado, tanto económica como productivamente, pero al mismo tiempo, dada la relación de interdependencia que prima en la era global que atravesamos, el desarrollo de un país no puede ser guiado ni orientado, como sucede en ocasiones, mediante propuestas discriminatorias o xenófobas. Las políticas de Estado deben orientar hacia dónde hay que ir no en función de cuestiones coyunturales, ya sean estas locales, regionales o globales, sino determinando cuáles son los sectores estratégicos a desarrollar y en dónde hay que invertir nuestros recursos para fomentar la innovación. Al mismo tiempo, esta perspectiva implica que el apoyo estatal a la iniciativa privada del mercado deba estar siempre enmarcado en el interés nacional (y vale aclarar, ese interés nacional no debe ser confundido con intereses locales o parcializados).
¿Qué rol para qué Argentina?
¿Qué rol queremos que asuma Argentina en la nueva configuración del mundo? ¿Qué discusiones hay que entablar en estos años vertiginosos para diagnosticar de manera efectiva ciertas problemáticas y establecer objetivos profundos de corto, mediano y largo alcance para el país? Estas son algunas de las preguntas que nos han servido de disparadores a la hora de comenzar a abordar estas cuestiones que se presentan de suma complejidad.
La ausencia de un pensamiento consensuado y profundo sobre las políticas de Estado, que habilite pensarlas como un sistema coherente y no como medidas aisladas, cortoplacistas y a veces inconexas, resulta una temática constante en los discursos de referentes y dirigentes de diversos ámbitos de la academia, la cultura y la política, entre otras áreas. En efecto, por momentos da la impresión de que en nuestro país reina una “cultura de la improvisación” asumida por todos y todas, una instantaneidad constante que entendemos se debe, en buena parte, a la proliferación de una política de la novedad que impone que las decisiones se tomen bajo las lógicas neoliberales. Lógica impulsada desde un bloque de actores que maneja de manera transversal los resortes de poder a nivel global y, a menor escala, a nivel nacional. Pero el rotundo fracaso al que nos han llevado las políticas surgidas desde este bloque, y la necesidad de declarar que en el tiempo son políticas insostenibles en la práctica, es algo que se manifiesta con claridad en la paupérrima y desordenada estrategia de impulso y sostén de las políticas públicas del actual gobierno.
Se ha descrito hasta el hartazgo cómo la economía global es manejada por una minoría de firmas multinacionales cuyo objetivo es garantizar la libre circulación de mercancías, el avance de capitales financieros y la flexibilización de las viejas (y nuevas) formas del trabajo. La problemática principal en la Argentina de este contexto internacional es que estructuralmente necesita sostener una demanda pujante en su mercado interno para desarrollar nuevos sectores económicos e incluir a la mayoría de la población en la producción y el trabajo. Y esto decididamente entra en colisión con las necesidades de las multinacionales, que se encuentran funcionalmente integradas con el poder económico local y están siempre atentas a todo proceso de desarrollo que implique una diversificación de la estructura productiva. Y para completar este escenario, los sectores dinámicos y modernos de la economía argentina funcionan como vanguardia tecnológica integrada al mercado mundial pero, al mismo tiempo, están estrechamente vinculados con las multinacionales. La imagen es elocuente: estas actividades generan el 18 % del PBI pero sólo 5% del empleo. He allí una gran encrucijada.
Este escenario es el que permite comprender, no sin pesar, por qué el poder dominante local y sus colaboradores no se erigen como sujetos demandantes del desarrollo. Esta ausencia de una clase dominante, o parte de ella, que demande el desarrollo es un hecho nodal e ineludible para entender la encrucijada del desarrollo. Nos enfrentamos entonces a una situación extremadamente compleja, con tensiones irreconciliables inmanentes al desarrollo del capitalismo periférico y de muy difícil solución. Pero, a la vez, y justamente por lo acuciante, este fenómeno exige de modo imperante y urgente que sea analizado por quienes abogamos por la inclusión y por la sustentabilidad social y económica de largo plazo. Dicho análisis no puede sino detenerse en aquellas políticas de Estado que son estratégicas más allá de toda coyuntura para poder garantizar estabilidad política, económica y social, sin perder nunca de vista el interés nacional.
Encrucijadas del desarrollo argentino
El desafío de político que enfrentan países como Argentina es titánico. El desarrollo de su estructura productiva, en conjunción con una muy necesaria política de expansión del mercado interno, demanda un proceso de ruptura con los sectores más dinámicos de la economía hoy día. Al mismo tiempo, esta dinámica, de lograrse, no puede sino imponer una renegociación con el capital global, el sistema financiero y la política de endeudamiento que este impulsa desde siempre. Enumeradas rápida y sucintamente, estas son las grandes dificultades estructurales y, por lo tanto, las discusiones a dar y los debates a impulsar para lograr una resolución que sea sostenible en el tiempo.
Si ese es el marco de referencia, al proponer un nuevo modelo de desarrollo tenemos que preguntarnos: ¿de qué tipo de inserción hablaremos? ¿Qué costos estaremos dispuestos a soportar? ¿Lograremos alguna vez lograr superar los movimientos pendulares que caracterizan los ciclos políticos de nuestro país y que se extienden, en no pocas ocasiones, por toda la región? Estos son algunos interrogantes que acompañan una reflexión de este calibre.
Para comenzar a dar respuestas, la opción que nos resulta ineludible y esclarecedora al momento de encarar esta encrucijada del pensamiento se asienta en el análisis de distintos elementos de la estructura jurídica de nuestro país que afectan de un modo sistemático a las decisiones políticas y económicas en lo que refiere a nuestra soberanía.
En cuanto al entramado jurídico que limita o afecta el desarrollo nacional, podemos identificar de modo inmediato (aunque sin pretensión de totalidad de nuestra parte) el siguiente conjunto de Leyes, Tratados y acuerdos:
1) La Ley de coparticipación federal, Ley madre que regula la estructura económica de nuestro sistema federal.
2) El Tratado de Madrid (1990): declaración conjunta argentino-británica del 16 de febrero de 1990 de un acuerdo que no se reduce únicamente a la soberanía sobre las Islas Malvinas sino que ejerce una enorme influencia en el desarrollo marítimo y la Industria Naval.
3) La desregulación de la actividad portuaria 24.093, vigente desde el 3 junio de 1992. Decisión nefasta para nuestro país porque implicó la desprotección de una estructura vital para el resguardo de nuestra plataforma marítima, una de las más grandes del mundo, cabe recordar.
4) La Ley de minería 24.228, vigente desde el 6 de mayo de 1993 a la fecha, dado el valor estratégico de nuestros territorios.
5) La ley de descentralización de depósitos 21.495, sancionada por la última dictadura cívico-militar y vigente desde el 17 de enero de 1977.
6) La ley de entidades financieras 21.526, sancionada también por la dictadura cívico-militar y vigente desde el 4 de Febrero de 1977.
7) La Deuda externa, por el nivel de condicionamiento que impone a todo proyecto de desarrollo planificado a largo plazo.
Desafíos del siglo XXI
Si esas son las encrucijadas, ¿cuáles son los desafíos? No tenemos la pretensión de agotar todos los tópicos posibles sino, modestamente, presentar un mapa de los grandes temas y áreas que requieren de modo urgente una reinterpretación política, estratégica e intelectual (si es que verdaderamente queremos abonar a la proyección de un modelo serio de desarrollo integral):
a) El desafío geopolítico y la defensa de la soberanía nacional.
Debemos, primero, hacer nuevamente foco en la interacción de nuestro Estado argentino tanto en sus relaciones políticas y económicas bilaterales con otros Estados como en relación al vínculo con organismos multilaterales; y en segundo lugar volver a analizar la inserción del país en instituciones regionales y/o supranacionales.
b) La cuestión de las Políticas Públicas.
Aquí el énfasis debe ser puesto en la profesionalización de las diferentes etapas, tanto en el diagnóstico, la evaluación y la implementación, pensando en las diferencias espaciales (contextos urbanos y rurales) y realizando estudios sobre experiencias que puedan resultar de interés.
c) La Economía.
Se requiere reparar profundamente en la especificidad de las diferentes economías regionales, y definir a raíz de ello posibles modelos económicos integrales, mediante un análisis del desarrollo económico nacional e internacional a lo largo de la historia que ponga en diálogo las diferentes propuestas en pugna a nivel global.
d) El mundo del Trabajo.
Todo proyecto de desarrollo a mediano y largo plazo debe poner especial énfasis en el análisis de las razones profundas del llamado desempleo estructural. Y debe hacerlo sin dejar de lado los nuevos desafíos que le imponen a la cuestión laboral el avance de la tecnología, como ser, la búsqueda, confección e implementación de capacitaciones de diversa índole que aporten a la formación de los y las trabajadoras de nuestro país.
e) La soberanía alimentaria.
Argentina, por sus características, adeuda inexplicablemente (aunque siempre hay responsables, en realidad) un análisis pormenorizado que oriente las múltiples búsquedas por lograr la erradicación del hambre: que haga hincapié en la calidad de la nutrición de los argentinos, en la discusión para una correcta distribución, redistribución y comercialización de los alimentos producidos aquí, como así también los importados y, finalmente, que garantice la capacidad de elección entre ellos y, por sobre todas las cosas, la universalización del acceso a los mismos.
f) La política de Derechos Humanos.
Si bien es un elemento amplio y transversal a todo proyecto estatal, nos referimos a la necesidad de revisar nuevamente y con la mayor amplitud posible las propuestas de modificaciones normativas de nuestra estructura institucional como Estado. Es decir, a analizar integralmente los pormenores del cumplimiento de las obligaciones y del otorgamiento de los derechos a la población, para así lograr de modo irreversible y sin ataduras a los momentos coyunturales el avance y alcance de las políticas de la Memoria, Verdad y Justicia. Una política integral de Derechos Humanos que abarque, por un lado, la resolución de justicia por los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras cívico-militares de nuestro país; por el otro, la plena vigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos en su relación intrínseca con las violencias institucionales.
g) Las temáticas identitarias: géneros, disidencias y diversidades.
Este es el otro tópico transversal a toda política coherente de desarrollo nacional, dado que los procesos de subjetivación son el basamento para todo proyecto de ampliación de derechos para la población. Lo que se plantea es la necesidad de dar cuenta del devenir de los movimientos de mujeres y disidencias, plurales, múltiples, policlasistas, tanto en el marco nacional como internacional, como también el apremio por generar un análisis amplio y abarcador sobre las políticas públicas concretas y las manifestaciones colectivas que tienden a la igualación real y legal de las diversas comunidades.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Integral (CEDI) ante este escenario
Dado este horizonte de encrucijadas y desafíos que hemos presentado, creemos como generación comprometida con la nación que es importante volver a señalar que en todo momento nos estamos refiriendo al desarrollo no sólo en términos de crecimiento económico sino en su dimensión más amplia, estructural y humana.
De otra forma, se puede correr el riesgo de caer en reduccionismos varios, algunos de los cuales han envilecido determinados procesos históricos al justificar un crecimiento “de derrame” explicado unilateralmente a partir del solo movimiento de divisas y la obtención de créditos, dejando de lado la mejora integral en la calidad de vida de la población. Por ello, sostenemos que la generación de contenidos del CEDI debe apelar a una lectura interdisciplinaria y de creciente complejización de la realidad; un perfil investigativo que impulse tanto la producción de material político-científico como de divulgación, que incluya las más diversas actividades de formación, enmarcadas desde ya en los tópicos estratégicos señalados. Apuntamos a entablar un diálogo abierto, de cara a que la acción política nacional se plantee que debe –y puede– dar respuestas a estas problemáticas y preguntas, para así lograr proponer nuevas dinámicas y debates internos a la sociedad que pongan especial énfasis en las distintas subjetividades del siglo XXI.
A grandes rasgos, entendemos que para lograr este objetivo lo principal es consensuar una renegociación interna en relación al capital global, acompañada de una reestructuración profunda que permita avanzar en una estrategia nacional para las décadas por venir. Entendemos, a su vez, que una exigencia de este nivel presupone un cambio radical en el que se juegan muchos intereses de todo tipo, y descontamos que un proyecto de estas características jamás podrá ser fácil (cualquiera sea la conducción del Estado nacional y sus diferente tipos de actores). Por eso, política y académicamente invitamos a salir de nuestras zonas de confort a fin de enfrentar con la seriedad que corresponde el estudio de los ciclos de inestabilidad que se han sucedido desde 1983, sea que los asociemos a una imposibilidad o a una negligencia al momento de tomar decisiones soberanas. En este mundo multipolar, los Estados deben interactuar siempre en defensa de una estrategia y del interés nacional. Por esto mismo insistimos en ser realistas y poner, por sobre todo interés sectorial y excluyente, el desarrollo pleno de nuestras potencialidades como Nación.
Queda claro que el diagnóstico que hemos elaborado al momento de fundar este Centro de Estudios parte de una enorme expectativa. Hay que reconocer que cierto pensamiento estratégico sobre el desarrollo se ha enarbolado en los últimos años pero es evidente, también, que no se ha llegado a profundizar en todas las aristas que de él se desprenden. Nuestra intención es desligarnos de un debate endogámico y buscar un cruce fructífero entre distintas dimensiones: la académica y científica, la político-partidaria, la social, la sindical, la cultural, entre otras. Confiamos en que una visión integral puede producir herramientas para la acción política concreta, en la búsqueda siempre inclaudicable de la transformación de nuestra realidad nacional.
Por Lic. Facundo Muciaccia
Prof. Gustavo Ignacio Míguez