Horas han pasado de otro 24 de marzo y de una masiva jornada de conmemoración y pedido de Memoria, Verdad y Justicia. En simultáneo a la ruptura de la vida democrática, la implementación del terrorismo de Estado, el intento de disciplinar a las distintas fuerzas sociales y la violación sistemática de los Derechos Humanos, el llamado Proceso de Reorganización Nacional también puede ser tristemente recordado por ocasionar un quiebre estructural en las características de la economía argentina, cuyos efectos aún persisten en la actualidad. Por lo tanto, el año 1976 resulta un punto clave para el entendimiento de la economía argentina contemporánea y para comprender su magro desempeño en las últimas décadas, junto al abandono de la apuesta de una Argentina industrial.
Como característica principal se produce una ruptura en el modelo de acumulación, que había regulado la vida económica y social durante las cinco décadas previas. El mismo consistía en la industrialización por sustitución de importaciones (conocido como ISI, por sus iniciales) y tenía su eje central en la expansión industrial, a partir de comprender los riesgos de una economía agroexportadora sujeta a imponderables y a los ciclos económicos externos. La expansión industrial no se encontró exenta de complicaciones, aunque durante su vigencia se avanzó en una complejización del entramado productivo, empezando por industrias de sustitución sencilla (como alimentos y textiles) para llegar a cubrir industrias de base y de mayor contenido tecnológico. A pesar de la inestabilidad política durante la vigencia de la ISI, la dicotomía entre liberalismo y proteccionismo, en el transcurso de este período no se puso en discusión el rol de la industria tal como se encargaría de desmantelar, en términos discursivos y fácticos, la última dictadura cívico-militar.
El modelo que se erige a partir del 24 de marzo de 1976 va a resignificar el rol del Estado como agente económico relevante y el papel de la industria dentro de la estructura económica argentina. En las nuevas reglas de juego se vuelve a poner al mercado en el centro de la escena, el rol planificador del Estado se pierde y la industria abandona el papel predominante, lo que conduce a una reprimarización de la economía anclada en la renta natural y la absorción de recursos por el sector financiero. En este sentido, la designación de un hombre del establishment como Martínez de Hoz definiría la orientación del plan económico, que al igual que toda interpretación ortodoxa colocaba al déficit fiscal y a la alta inflación como principales males a combatir. Bajo esta línea se colocó el diagnóstico inicial de la situación, adoptando en un primer momento las directrices de un plan ortodoxo de estabilización: una fuerte devaluación, eliminación de aranceles a la exportación, reducción de aranceles de importación e incremento de la tarifas de los servicios públicos, lo que incidió directamente en el salario real y en la distribución del ingreso.
Uno de los objetivos económicos propuestos fue el control de la inflación. Bajo una interpretación monetaria del fenómeno, se tomaron medidas recesivas, tales como el congelamiento de salarios. La profundización de la apertura comercial en la gestión de Martínez de Hoz fue concebida como ancla inflacionaria, al hacer converger los precios internos con los internacionales, pero sin considerar el impacto en la industria nacional ante la concurrencia directa de la competencia extranjera. De acuerdo a los ideólogos liberales, una importante causa de la inflación era la distorsión de los precios relativos, generada por la protección arancelaria brindada al sector industrial (no competitivo en términos internacionales) y el castigo al sector primario exportador (competitivo a precios internacionales) por la aplicación de políticas subsidiarias a la industria. Según esta interpretación, la protección creaba un escenario propicio para la supervivencia de empresas ineficientes, ignorando la tesis de “industria naciente” de Friedrich List y la experiencia histórica proteccionista de las potencias industriales, especialmente en los tramos iniciales de la curva de aprendizaje.
La apreciación de la moneda nacional incidía negativamente en la competitividad de las exportaciones argentinas. En los años previos a la dictadura las ventas al exterior habían alcanzado un récord que incluía a las exportaciones no tradicionales, reflejo del creciente potencial industrial. Este contexto incidió en la pérdida de competitividad de las exportaciones argentinas y una reprimarización de las ventas. Un comportamiento diametralmente opuesto tuvieron las compras, ya que el atraso cambiario y la reducción arancelaria las tornaba menos onerosas, generando un boom importador. Asimismo, pese al intento por controlar la inflación esta no cedió en ningún momento del período, presentando en todos los años una inflación superior al 100% anual. La combinación de alta inflación y falta de corrección del tipo de cambio condujo a un escenario de fuerte atraso cambiario, con profundas consecuencias en la dinámica del comercio exterior.
El conjunto de medidas adoptadas afectaron entonces la posición de privilegio que supo tener la industria en la etapa anterior, a través de la amalgama explosiva de apertura comercial, competencia extranjera, atraso cambiario, contracción de mercado y aumento de la carga financiera. Se produjo la transición, prácticamente sin escalas, de un escenario de protección y subsidio a la industria nacional a uno de competencia feroz, en vez de desarticular la protección de forma progresiva acorde a las capacidades reales de la industria nacional. La persistencia de esta dinámica llevó a un fuerte proceso de desindustrialización, especialmente de las ramas más dinámicas, y al deterioro de la balanza comercial, lo que hizo que se tenga que recurrir al endeudamiento externo como vía para suplir el déficit, de acuerdo al enfoque monetario de la balanza de pagos.
El principal sector afectado, como se dijo, fue la industria. En los años de la dictadura se vivió un profundo desmantelamiento de la capacidad industrial. De todas maneras, es importante mencionar que no todos los sectores industriales fueron afectados de forma proporcional sino que, por lo contrario, algunos lograron consolidar posiciones y progresar en este proceloso contexto. Los principales sectores beneficiados fueron aquellos poseedores de economías de escala, productores de commodities y bienes intermedios con orientación al mercado externo, que se convirtieron en importantes grupos de poder. Frente a la caída general de la actividad industrial, estos grupos dada su eficiencia microeconómica anclada en productividad o ventajas naturales pudieron madurar, pero sin un efecto contagio para el resto del sistema económico. A su vez estos grupos empresarios se verían beneficiados por la estatización de sus deudas, la participación como contratistas del Estado y usufructuarios de los regímenes de promoción industrial, al mismo tiempo que se incrementaba su influencia en la realidad económica nacional. En las antípodas se encontraron aquellas industrias más complejas y de mayor valor agregado que perdieron posiciones, cayendo ante la apertura comercial y la creciente carga de los componentes financieros. En esta dirección, la industria metalmecánica, que había sido uno de los sectores que más se expandieron con la ISI, sucumbió ante las nuevas condiciones económicas.
La reforma financiera de 1977 se convertiría la piedra fundamental que demuestra el vuelco hacia otro régimen de acumulación, introduciendo una mentalidad de valorización financiera que se impone a lo productivo y una mayor apertura a los mercados internacionales. Entre los principales postulados de la reforma financiera se encontraba la liberalización de la tasa de interés, pasando a estar definida por el libre juego de la oferta y la demanda. Su incremento se transformó en un lucrativo negocio financiero, incidiendo fuertemente en la estructura de costos de las empresas, especialmente si es comparado a la etapa anterior en donde existían tasas de interés reales negativas como forma de estímulo. El nuevo escenario generó un terreno hostil donde la carga financiera cada vez tenía mayor peso, obligando a la reducción de estructura, abandono de proyectos de innovación y, en el peor de los casos, la desaparición. Las altas tasas de interés estimulaban la ganancia rentística especulativa antes que la mentalidad productiva. Los que todavía apostaban a la economía real y a la producción se transformaron en subsidiarios del sistema financiero, dada la transferencia de recursos generada entre los sectores por la alta tasa de interés.
Sin embargo, no todo el sector empresario se vio afectado por el incremento de la tasa de interés. Existieron situaciones que por tener un cash flow favorable, la posibilidad de endeudarse en el exterior a tasas bajas o recibir préstamos de sociedades relacionadas, permitían ser prestamista en el mercado doméstico y aprovechar la alta ganancia financiera. Este diferencial de tasas creó las condiciones necesarias para instalar un régimen especulativo como el de la “bicicleta financiera”, formado por la secuencia de endeudarse en el exterior a tasa baja, convertir el préstamo a moneda nacional, colocar los fondos en la plaza local aprovechando el alto rendimiento financiero, volver a comprar divisas al vencimiento y fugarlo al exterior. Este mecanismo iba a generar ganancias en dólares difíciles de conseguir en otra parte del mundo, especialmente si en el plazo de la inversión no existía un salto en el tipo de cambio y se acotaba la expectativa de devaluación. La introducción de la llamada “tablita cambiaria” iba a perfeccionar este esquema, ya que estableciendo un cronograma de devaluaciones eliminaba el riesgo de una devaluación brusca y la atomización de la ganancia. La reiteración de esta dinámica, en la cual la valorización financiera del capital se coloca por encima de la producción, produjo un cambio en los motivos del endeudamiento externo. Mientras en el período de la ISI gran parte de la deuda externa tenía como fin apalancar la inversión en infraestructura y la adquisición en bienes de capital, en esta nueva etapa se utilizó para financiar la salida de activos del país. El notable incremento de la deuda externa (se cuadruplicó durante el Proceso de Reorganización Nacional, llegando a un stock de USD 45.000 millones en 1983) se convertiría en uno de los males endémicos del país para la posteridad, reduciendo los grados de libertad para la aplicación de una política económica soberana y condicionando el desarrollo del país mediante la aplicación de ajustes tendientes a generar las divisas necesarias para afrontar el pago de la deuda, tal como sucede a lo largo de la década de los ´80.
El plan económico de la dictadura militar tuvo un impacto estructural en la economía argentina, siendo la desindustrialización una de sus caras más visibles. En este proceso se escindieron las bases de una argentina industrial por medio del duro disciplinamiento a los trabajadores y a la facción menos poderosa del capital nacional. Desde lo discursivo se demonizó el papel de la industria nacional a través de acusaciones distorsionadas, tales como su alto costo en relación a la oferta importada, su baja calidad o su dependencia a subsidios, mensajes que serían extrapolados posteriormente para justificar la privatización de las principales empresas públicas. Asimismo, se castigaba a la industria por sostener que era el medio de difusión de los elementos que llevaron a la inestabilidad sociopolítica de los años ´70, por lo que en búsqueda de un escenario sin conflicto social la industria ya no tendría que tener su rol rector en el ordenamiento de las relaciones sociales.
Al igual que en otras experiencias latinoamericanas la política económica de la dictadura instaló, mediante la utilización terrorista del poder coercitivo del Estado, un programa económico que hubiera sido difícil de implementar en circunstancias democráticas, representando un episodio más de la contraofensiva global del liberalismo luego del eclipse parcial que le generará el predominio del paradigma keynesiano durante las décadas previas. Tal como sostiene Hayek, pueden existir dictaduras o regímenes completamente autoritarios en los que se proteja y exista la libertad económica, y a la inversa pueden existir democracias en las cuales el desempeño del Estado en la economía es esencial y enmarca la libertad individual. Dentro de esta segunda línea se encontraron gran parte de los países del Tercer Mundo desde la década del ´40, en donde Estado se convirtió en un actor esencial de la planificación, generando repercusiones positivas en el desarrollo y en los principales indicadores socioeconómicos, por lo que se intuye que un cambio disruptivo en el paradigma económico solo podía lograrse mediante el uso de la fuerza.