POR Andrés Lagarde
El 26 de marzo se cumplieron 30 años de la firma del Tratado de Asunción por parte de los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al proceso de integración regional llamado Mercosur. En su conjunto, tiene casi 300 millones de habitantes, es la cuarta economía mundial (año 2019) y se trata de uno de los territorios más extensos del mundo, con una biodiversidad y gran reserva de recursos naturales considerados estratégicos.
Al analizar el camino transcurrido a lo largo de estas tres décadas se observan claramente dos fases bien diferenciadas y un momento de transición. En la primera década (años ‘90) el proceso estuvo fuertemente influenciado por el llamado regionalismo abierto, siguiendo una lógica estrictamente comercial propia de la hegemonía neoclásica de entonces, con una apertura indiscriminada de las economías que no puede pensarse fuera del marco de las reformas estructurales que tuvieron lugar en toda la región en esa época.
A partir del cambio de siglo la situación viró hacia el llamado regionalismo inclusivo. Tras las graves crisis económicas de Argentina y Brasil, se produjo un cambio de paradigma –consolidado a partir de 2003 con la firma del Acta de Buenos Aires entre Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula Da Silva– que se tradujo en una mayor intervención del Estado como rector del proceso de integración y una modificación de las agendas. Finalmente, luego de los sucesos que se dieron en la Argentina en 2015 con la asunción presidencial de Cambiemos y en Brasil en 2016 con el golpe parlamentario a la entonces presidenta Dilma Rousseff, el Mercosur entró en una etapa transicional donde parecería dominar cierta restauración liberal y un desinterés sobre la consolidación de este proceso.
En estos treinta años, el comercio entre los Estados parte se incrementó como nunca antes: la inversión extranjera directa también tuvo un aumento sustancial; se lograron avances en la circulación de bienes y mercaderías; los/as ciudadanos/as del bloque conquistaron varios derechos (como la Cartilla de Ciudadanía); se buscaron mecanismos de diálogo y participación social; se creó una institucionalidad adicional que fue reflejo de los cambios políticos que buscaron más y mejor inclusión (2003-2015); los sectores educativos y de agricultura familiar tuvieron logros importantes; se constituyó el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que ayudó a solventar grandes obras de infraestructura a nivel regional (como la Ruta Nacional 14 en Argentina o el sistema de carreteras en Paraguay); se amplió el bloque con la incorporación de Venezuela[1] y Bolivia (que se encuentra en proceso de adhesión); se dotó a la ciudadanía de una instancia de participación directa mediante el voto de representantes en el Parlasur, entre otras.
Concluyendo, es importante mencionar que la Integración Regional en nuestro continente ha sido marcada por fuertes debates acerca del modelo a seguir a lo largo de la historia, y que varios de ellos han estado claramente vinculados con los modelos de desarrollo imperantes en cada país o mismo en la región, pensada como un todo.
En esta fecha que nos obliga a un análisis de situación, frente a propuestas que buscan despreciar los avances y las potencialidades del bloque, debe surgir como respuesta la intensificación de la integración comercial, social y productiva, con especial hincapié en la búsqueda de una inserción internacional responsable como bloque que comparte una historia y unas problemáticas comunes. El reto que se plantea entonces es cómo reformar el actual proceso de integración sin caer en las falsas ilusiones de progreso que traen consigo paradigmas rupturistas que erosionan la autonomía.
[1] Suspendida desde el año 2017.