POR Andrés Lagarde
El pasado 5 de noviembre se cumplieron 15 años de la IV Cumbre de las Américas celebrada en la Ciudad de Mar Del Plata, donde tras las recordadas intervenciones de los presidentes de Argentina (Néstor Kirchner), Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) y Venezuela (Hugo Chávez) se puso fin a las negociaciones que buscaban crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y se comenzó a afianzar un cambio de paradigma a nivel regional.
Recordemos que el proyecto ALCA inició a comienzos de la década del ‘90 bajo los preceptos del Consenso de Washington y la hegemonía de los proyectos neoliberales en la región. Se proponía crear una zona de libre comercio entre todos los países del continente americano “desde Alaska a Tierra del Fuego” (excepto Cuba) y sus negociaciones se iniciaron formalmente en el año 1994 en la Cumbre de Miami, organizada por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. Las negociaciones intergubernamentales se sucedieron hasta el año 2005. Pese a contar con contextos políticos favorables, no se lograron avances significativos. Una consecuencia positiva fue que en ese proceso el Mercosur comenzó a negociar como Bloque regional (el llamado 4+1), lo que generó cierta cohesión al interior.
Por otro lado, el proyecto ALCA presentó con los años infinidad de observaciones y generó movimientos amplios y heterogéneos de resistencia (cono la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur). Asimismo, durante su negociación, Estados Unidos jamás accedió a bajar los subsidios al campo norteamericano, razón por la cual el Mercosur tampoco aceptó reducir los aranceles a las manufacturas.
En su etapa final, lo único que faltaba era consenso político para rechazar el acuerdo. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos, en un mercado como el latinoamericano este tipo de tratados negociados de forma acrítica y concedente termina condicionando el accionar de los Estados nacionales, y favorece a su vez a grandes empresas extranjeras y grupos de interés que logran trasnacionalizar sus actividades. El resultado inmediato usual es la formación de cadenas globales de producción y la creación circuitos financieros desregulados. Por eso, una iniciativa de este estilo no podía sino perjudicar la producción local y generar pobreza y desocupación, además de limitar toda posibilidad de autonomía para encaminar cualquier tipo de proyecto de desarrollo nacional autonómico.
Por ello, luego de las múltiples crisis que azotaron la región a finales de los ‘90, con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez (1999), Lula da Silva (2002) y Néstor Kirchner (2003) el consenso del Bloque comenzó a madurar. En el Mercosur, el cambio de época había quedado plasmado con la firma en 2003 del Consenso de Buenos Aires, un acuerdo entre sus principales socios (Argentina y Brasil) que reorientó el proceso de integración con el surgimiento de nuevas agendas fuera de lo meramente económico-comercial, dándole un rol mayor al Estado y a la participación Ciudadana.
En esos primeros años del siglo XX se comenzó a afianzar la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IRSA) y lo que luego sería la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), en el cual convergían el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones[1], Chile, Surinam y Guayana (algo inédito hasta entonces). Un nuevo paradigma de integración se estaba gestando.
El No al Alca significó entonces la consolidación del modelo de integración regional y afianzó al mismo tiempo los liderazgos del presidente anfitrión Néstor Kirchner, el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y el venezolano Hugo Chávez en la búsqueda de una política regional soberana y latinoamericanista, y una inserción internacional pensada como región.
Este contexto fue propicio para que en 2008 se creara formalmente la Unasur, un espacio de cooperación y diálogo político con propuestas que ponían en el centro de escena la discusión de una política regional en diversas temáticas claves (como la Defensa, la educación, el medio ambiente, la infraestructura, entre otros). Néstor Kirchner fue su primer Secretario General, y es recordada la importancia del organismo en la defensa de la estabilidad democrática regional mediante la firma de diversos protocolos y la negociación para buscar soluciones pacíficas a conflictos (como el caso de Venezuela y Colombia).
A su vez, luego de este hecho fundacional se crearon otros organismos de integración regional, como el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) –primero en incluir a todos los países latinoamericanos de México hasta Argentina y el Caribe–, que significó un modelo de integración e inserción internacional diferente al propuesto por el neoliberalismo estaba aflorando.
En conclusión, Mar del Plata fue el punto de partida para que los países de la región comprendieran que los problemas de ésta área del mundo podía solucionar los diferendos sin recurrir a la intervención de líderes de otros continentes.
Hoy estamos en un contexto de redefiniciones. Pasada ya la miopía política a nivel regional, que se expresó en los recientes gobiernos neoliberales (principalmente la Alianza Cambiemos en Argentina y los gobiernos que se sucedieron en Brasil luego del golpe de Estado parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff en 2016), en el desmantelamiento de la Unasur y en la creación de un órgano intergubernamental que prácticamente no tuvo funcionamiento (Prosur), se hace necesario retomar la senda que consolidó el No al Alca en la búsqueda de consolidar un proceso de integración regional que esté alineada con un modelo de desarrollo que busque la reindustrialización, la creación de trabajo, la distribución de la riqueza, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.
Fuente de la imagen: Ricardo Stuckert/PR.
[1] La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) fue el antecedente directo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).