A 50 años del golpe cívico-militar: Democracia sin justicia social es una deuda pendiente

Por MG Facundo Muciaccia

El legado de la dictadura en la democracia

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar que inauguró el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, la sociedad argentina se enfrenta a una paradoja inquietante: la vigencia de las bases ideológicas, económicas y subjetivas de aquel régimen en pleno siglo XXI. A pesar de más de cuatro décadas de democracia, los sesgos estructurales impuestos por la última dictadura no solo persisten, sino que se manifiestan en instituciones que dicen representar la voluntad popular, en el modelo económico, en la desorganización política y en la construcción de una idea de Nación subordinada que impulsan ciertos centros de poder mediático y think tanks.

Una herida abierta: la subjetividad del terror

Las marcas del terrorismo de Estado no son solo un capítulo del pasado. Están grabadas en la piel de las víctimas y en la subjetividad de distintas generaciones de argentinos. Esas marcas adoptan matices que van desde la cultura rentística —que prioriza la especulación financiera por sobre el trabajo productivo— hasta la miseria planificada. En 43 años de democracia, salvo por breves períodos de anomalía positiva en el sistema político, no se ha logrado erradicar la pobreza estructural. Esto evidencia que la lógica fundacional del terrorismo de Estado sigue vigente como dispositivo de disciplinamiento social y económico.

El rol de las organizaciones libres del pueblo

Mientras gran parte del sistema político callaba o incluso remataba el patrimonio nacional acumulado por el esfuerzo de generaciones, fueron las organizaciones libres del pueblo —organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales— las que sostuvieron la batalla política, cultural y social por la memoria, la verdad y la justicia.

Hubo que esperar hasta el siglo XXI para que, desde el Justicialismo y con la firmeza del presidente Néstor Kirchner, se revaloriza a esas organizaciones y se profundizaron las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Democracia con justicia social: una necesidad acuciante

Hoy, fortalecer esas organizaciones y construir horizontes colectivos resulta imprescindible. No se trata de cualquier democracia. No podemos conformarnos con una democracia de la simulación, que funcione bajo la ficción de la igualdad mientras consagra la desigualdad de las grandes mayorías. Aspiramos a una democracia con justicia social, que permita abrir nuevos horizontes para una patria más justa, en memoria de las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos que dieron su vida por ese anhelo.

Más que una consigna, construir una democracia con justicia social es una necesidad acuciante.

Las normas de la dictadura que aún nos gobiernan

Una de las expresiones más concretas de la continuidad del proyecto de la dictadura es la vigencia de más de 300 normas sancionadas entre 1976 y 1983. Estas leyes no son piezas de museo: son herramientas activas que estructuran la economía, el sistema financiero, la seguridad y la explotación de los recursos naturales. Algunas de las más emblemáticas son:

· Ley de entidades financieras (21.526): sancionada el 4 de febrero de 1977. Central en la conformación del sistema financiero especulativo.

· Ley de descentralización de depósitos (21.495): vigente desde el 17 de enero de 1977. Fragmentó la capacidad de gestión estatal.

· Ley de desregulación de la actividad portuaria (24.093): del 3 de junio de 1992. Desprotegió una estructura vital para el resguardo de nuestra plataforma marítima, una de las más extensas del mundo.

· Ley de minería (24.228): vigente desde el 6 de mayo de 1993. Abrió el territorio a la explotación extractiva sin resguardar los intereses estratégicos nacionales.

· Tratado de Madrid (1990): declaración conjunta argentino-británica del 16 de febrero de 1990. Su influencia excede la cuestión Malvinas, condicionando el desarrollo marítimo y la industria naval.

Propuesta: derogar los acuerdos y leyes neocoloniales

Ante este panorama, resulta impostergable concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de derogar estas leyes y acuerdos neocoloniales. No se trata de una revisión meramente técnica, sino de un acto de soberanía popular. Derogar estas normas es avanzar en el desmantelamiento de la estructura jurídica que la dictadura y sus continuadores neoliberales impusieron para subordinar los intereses nacionales a los del capital concentrado y las potencias extranjeras.

Por una patria con memoria, verdad, justicia y soberanía

La Memoria, la Verdad y la Justicia no son sólo categorías vinculadas al pasado. Son herramientas de lucha en el presente. A 50 años del golpe cívico-militar, reivindicamos la resistencia de las organizaciones populares, honramos a quienes dieron su vida por una patria más justa y asumimos el compromiso de construir una democracia genuina: con justicia social, soberanía económica y plena vigencia de los derechos humanos.

Desde el CEDI, en los últimos 10 años hemos aportado a la construcción de un modelo de desarrollo con justicia social. En este aniversario, renovamos ese compromiso.