2 – Transparencia y control ciudadano
Tanto en la instancia de prevención como en el control, la participación ciudadana es fundamental, y ésta puede asumir distintos formatos. Por ejemplo, hacer efectivo el uso de los mecanismos de acceso a la información pública, denunciar los conflictos de interés, exigir que se sancionen normas de ética pública y que se cumplan, monitorear cómo se cumplen estos códigos en las contrataciones públicas, cómo se gastan los recursos del estado, investigar los hechos de corrupción. Todas estas formas de participación pueden ser llevadas a cabo por personas independientes, organismos técnicos, académicos, periodistas de investigación, instituciones sociales, etc., pero son más fáciles de ser llevadas a cabo en tanto y cuando exista una democracia plena, en la que estén garantizadas las libertades de expresión y una justicia independiente. El desafío central en la lucha contra la corrupción es generar mayor demanda de transparencia, y terminar con la tolerancia. Se trata de un tema de valores, debemos tomar conciencia de que las víctimas de la corrupción es la sociedad toda. Para ello se debe educar, informar, exigir transparencia y luchar contra la indiferencia y la apatía.
La transparencia es una condición esencial de la democracia. Por eso su ausencia y obstaculización durante prologados períodos de tiempo ha producido en nuestro país lo que en los análisis de calidad democrática se llama una “crisis de representación”. Esta se evidencia en una ruptura de los lazos entre representantes y representados, lo que trae aparejada la desconfianza en las instituciones y dirigentes, insatisfechos por las promesas incumplidas.
La corrupción y la percepción que tenemos los ciudadanos sobre los actos de corrupción de nuestros dirigentes es hoy un fenómeno que no se reduce a nuestro país sino que se despliega por todas partes del mundo, es un flagelo que no hace diferencia entre países ricos y pobres, centrales o periféricos. Lo que sí marca la diferencia, en cambio, es el grado de tolerancia que una ciudadanía tiene hacia ese fenómeno, el cómo reaccionamos frente a ella.
Casi podría afirmarse que estamos tan acostumbrados a que los funcionarios públicos cometan actos de corrupción, que se llega al punto de naturalizarlo. ¿Cómo se hace para combatir la corrupción? El primer camino sería la prevención, donde cobra una importancia fundamental la transparencia de los actos de gobierno, procurando la apertura, regulando el derecho de acceso a la información pública, transparentando las contrataciones públicas, y la integridad y ética pública y privada en el manejo de la cosa pública, códigos de ética pública, implementando normas tendientes a prevenir los conflictos de intereses. Luego de la prevención, hablamos del control y sanción. Los dirigentes deben rendir cuentas de sus actos y hacerse responsables por ellos. La democracia supone que sus representantes estén sujetos a la ley y respeten los derechos y libertades de la sociedad, y que se cumpla de manera efectiva la división de poderes.
Para ello es imprescindible que existan mecanismos de control ciudadano, a fin de evitar desviaciones o abusos, y que los responsables tengan que rendir cuentas a la sociedad. Para que el control sea realmente efectivo, debe ser independiente desde el punto de vista político, aquél que debe controlar jamás podrá hacerlo efectivamente si depende del controlado (caso Oficina Anticorrupción en nuestro país), contar con los recursos necesarios para llevarlo a cabo (presupuesto, personal) y tener competencia y legitimidad para ejercer plenamente ese control. Para dar un ejemplo, el cuerpo de peritos auditores de la Cámara Nacional Electoral, órgano encargado de controlar el financiamiento de las campañas partidarias, tiene la competencia pero no los recursos necesarios para ejercer plenamente esa función, ya que cuenta con sólo siete peritos en todo el país para llevar a cabo semejante tarea.
CEDI