Hábitat, reurbanización y construcción de la infraestructura social
POR Cristian Miguel Poczynok
El 28 de agosto de 1973 el Padre Carlos Mugica presentó su renuncia como Asesor al Ministerio de Bienestar Social ante una asamblea del Movimiento Villero Peronista (MPV). En voz alta y ante una multitud de personas, expuso sus diferencias con la política de viviendas de aquel entonces y expresó su preocupación sobre dos problemas que lamentablemente habían llegado para quedarse en el país: el desempleo y la construcción de las viviendas populares por contratistas. Al día siguiente abandonaría su cargo de Asesor ad-honorem.
Los hombres y las mujeres que lo escucharon ese día probablemente sabían lo que vendría a continuación. El episodio fue un acto de respaldo a la decisión, determinada por un colectivo político, y la filmadora registró en la cinta las palabras pronunciadas como si se tratara de la voz de las barriadas. En aquella asamblea se definió si el Pueblo Villero aceptaba la renuncia. Desde el escenario, con un micrófono sin atril y una veintena de militantes detrás suyo, Mugica dio lectura a unos párrafos pensados, masticados y redactados previamente. Es verosímil pensar que la decisión fue tomada en la compañía de cercanos en el marco de alguna reunión. Dijo entonces: “Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social, con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas”. La frase friccionó con el lema de la bandera que pinceló el fondo, hacia donde miraba la multitud. “Movimiento Villero Peronista” en la primera línea y “La toma del poder” debajo.
Unos días más tarde, y en virtud de que el genocida y ex Ministro de Bienestar Social José López Rega lo acusara de corrupción para deslegitimar su apartamiento, el Padre brindó una entrevista a la Televisión Pública. Con calma, el ex asesor lamentó la difamación, invitó a que se leyera el expediente con las rendiciones de cuenta realizadas y reafirmó su continua lealtad al General Perón, su convicción peronista y su adscripción a la esperanza y sentimiento popular respecto del gobierno naciente. Sin embargo, expresó que discrepar políticamente no era sinónimo de enfrentamiento y que lo único que podría favorecer a un gobierno del pueblo era un movimiento crítico que dijera siempre la verdad, sin que mediaran obsecuencias estériles.
En cierta manera, la renuncia intentó generar un impacto político de magnitud para cambiar la naturaleza de la política pública sobre el hábitat y la vivienda. El Plan para la Erradicación de las Villas de Emergencia (PEVE) había sido enarbolado bajo el gobierno de Arturo Illia, llevado adelante con ímpetu por la dictadura del General Onganía y puesto en tela juicio en la “primavera camporista”. Y cabe señalar que continuaría su existencia a través de diversas denominaciones, como el Plan Alborada o Plan Islas Malvinas durante la última dictadura cívico-militar. En su aspecto más básico, el PEVE apuntaba a construir viviendas sociales. Pero es necesario poner en entredicho las diversas concepciones y la naturaleza de su ejecución, según se trate de uno u otro gobierno. Caso paradigmático el de Guillermo del Cioppo, titular de la Comisión Municipal de Vivienda del gobierno de facto de Osvaldo Cacciatore, quien en 1980 expresará con vehemencia lo siguiente: “Hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente”.
Volviendo al Movimiento Villero Peronista, cabe recordar que había crecido exponencialmente entre octubre de 1973 y enero de 1974, fechas en que se realizaron el primero y el segundo Congreso Nacional Villero. A tan solo ocho días de la asunción del General Perón, en el debut en Santa Fe participaron 365 asentamientos populares de todo el país, mientras que en enero alcanzaron más de 500 representaciones. Entre los puntos programáticos que se plantearon estuvo la creación de “Empresas Populares” que tuvieran el objeto de generar un “ahorro al país” a través de la “eliminación de intermediarios”, lo que no hacía más que aumentar el costo de las construcciones. La mano de obra del Plan serían los desocupados de las villas miserias, que bajo una lógica de autoconstrucción y cooperativismo forjarían los mejoramientos habitacionales y nuevas viviendas, moldeando cimientos de dignidad con sus propias manos. Para ello reclamaron una política de tierras que implicara la entrega en propiedad de las viviendas para las familias que residían en ellas.
La lectura del Padre Carlos Mugica durante su renuncia el 28 de agosto de 1973 expresó claramente este planteo: “Que el hecho de que las mismas casas sean construidas por los villeros con la colaboración técnica y financiera del gobierno del pueblo es una forma concreta de economizar dinero, de eliminar intermediarios y contratistas que a veces se llevan la parte del león”.
Las discusiones sobre políticas de Estado se resolvieron cruenta y sangrientamente, con el exterminio y la erradicación de militantes políticos que pensaron de algún modo una patria con mayor justicia social.
Al Padre Carlos Mugica lo asesinaron el 11 de mayo de 1974. Tras ello, los planes de hábitat y urbanización resultantes buscaron desguazar las organizaciones, recrear cultural y arquitectónicamente un modo de existir que implicaba la delimitación de los espacios de sociabilidad y desarrollo de la vida de los humildes en las condiciones indicadas por los gobiernos militares.
Casi medio siglo más tarde, con bloques de cemento de magnitudes inverosímiles, es necesario rememorar y resignificar, lamentable pero esperanzadoramente, la experiencia de casi tres generaciones de los barrios populares. La situación se ha deteriorado exponencialmente en los últimos 20 años. Lo que fue una novedad a fines los ‘60 se convirtió en una característica estructural de la Argentina. Quienes fueron comprendidos meramente como desocupados construyeron sus propias herramientas de organización e institucionales, las cuales hoy resultan prioritarias apuntalar para forjar con audacia y honestidad nuevas soluciones a viejos y cada vez más profundos problemas.
Hoy hay más de 4.416 barrios populares y 925.000 familias que encuentran vulnerados, prácticamente desde que nacieron, sus derechos constitucionales a una porción de tierra, a un techo que resguarde al hogar y a un trabajo que dignifique el ser. Prácticamente la mitad de las barriadas fueron el resultado de la exclusión que generó el desplome del modelo neoliberal en el 2001. El déficit habitacional en el país asciende a más de 3.500.000 viviendas y años tras años se incorporan decenas de miles.
La participación de las organizaciones populares en los proyectos de hábitat, reurbanización y construcción de la infraestructura social no puede ser más puesta en entredicho. La necesidad de trabajar en el contexto de una cuarentena ante la pandemia, de cuidar la vida del pueblo y de que el barrio tenga las herramientas para cuidarse a sí mismo, requieren la puesta en valor de la legislación reciente forjada por la experiencia que hasta ahora, y a juzgar por la falta de financiamiento, fue letra inerte como las Leyes 14.449 de “Acceso Justo al Hábitat” y 14.650 de “Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria” del 2012 y 2014 respectivamente, ambas de la provincia de Buenos Aires, y la Ley Nacional 27.453 de los “Barrios Populares” del 2018.
Casi medio siglo más tarde, decimos, tal vez haya llegado la oportunidad histórica, en el marco de esta crisis mundial, de rememorar las palabras de renunciamiento del Padre Carlos Mugica y así comenzar a resolver la parte del león que se llevaron los intermediarios del techo de las familias humildes de la Argentina. Es acuciante la necesidad de una solución entre todos y que una política de Estado se implemente en unidad entre las representaciones políticas, teniendo como horizonte la complementariedad de la experiencia del pueblo, de los técnicos y los profesionales, como también de las empresas constructoras. Un fondo extraordinario para la economía popular es el paso necesario para subsanar los dolores de la memoria y las esperanzas de un pueblo.