Presente y futuro de la digitalización en Europa, entre el efecto Bruselas y el tecno-feudalismo

La digitalización redefine el poder en el siglo XXI, y la Unión Europea enfrenta ese desafío en desventaja. Entre regulaciones que exporta y tecnología que importa, el bloque comunitario revela su fragilidad frente al dominio de las grandes plataformas.

 Por Daniel Camargo

El proceso de integración que nació en 1951 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero respondió a una doble dinámica: conjurar la posibilidad de un nuevo conflicto intraeuropeo y forjar un mercado común capaz de anclar la prosperidad en la posguerra. A más de setenta años, la Unión Europea (UE) continúa siendo una experiencia política de integración singular, pero también un organismo sometido a tensiones que erosionan la promesa de bienestar compartido. La secuencia de crisis concatenadas desde 2008 – financiera, migratoria, sanitaria, climática, de seguridad y tecnológica – ha revelado fisuras y desventajas de una arquitectura institucional originalmente determinada en una época de distinta complejidad geopolítica y de menor desarrollo en la innovación tecnológica. El presente artículo procura examinar la estrategia política respecto a la dimensión de la digitalización como piedra angular del futuro del marco comunitario europeo.

La presentación de la Brújula para la Competitividad el 29 de enero de 2025 representa el diagnóstico que Mario Draghi había formulado en su discurso ante el Parlamento Europeo de septiembre de 2024. Draghi en su exposición describe al marco comunitario como la economía «más abierta, más dependiente y menos preparada» para un escenario de fragmentación geopolítica caracterizado por la disrupción tecnológica, subrayando que sólo cuatro de las cincuenta mayores tecnológicas a nivel global son europeas y que ninguna scale-up tecnológica creada desde cero alcanza los 100.000 M€ de capitalización (Draghi, 2024).  La Brújula del futuro de la UE asume ese diagnóstico y lo convierte en orientación respecto al escenario contemporáneo concentrado en tres ejes —innovación, descarbonización, seguridad— (Comisión Europea, 2025)Brújula EU (1). El mensaje de fondo es inequívoco: la competitividad será el prisma a través del cual se evaluará cada euro de gasto y cada iniciativa normativa. Europa debe fortalecer su  integración para atravesar esta nueva coyuntura caracterizada por la criticidad de los minerales estratégicos, la transición energética, la dependencia de infraestructura  digital y la nueva dinámica en seguridad y defensa.

Problemas de la digitalización en la Unión Europea

Frente al efecto Bruselas, la dependencia tecnológica y la escasez de minerales críticos

El contexto actual se desarrolla en una nueva interacción entre el avance tecnológico digital y el ser humano, que modifica sustancialmente la matriz productiva a nivel industrial y el funcionamiento de las administraciones públicas. Los cambios tecnológicos han desarrollado un nuevo entorno industrial, dada la gran cantidad de información (datos) disponibles y el vertiginoso desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los diferentes procesos productivos y administrativos. Este avance tecnológico ha tenido un impacto estructural en el funcionamiento de los Estados. Las administraciones públicas requieren del uso de plataformas tecnológicas (infraestructura crítica digital) para el procesamiento de datos públicos y la gestión del aparato estatal. Los sistemas estratégicos de defensa y seguridad también dependen de distintas infraestructuras digitales críticas. El revolucionario ecosistema digital integra tecnologías como la IA, la robótica, el Internet de las cosas (IoT), la realidad virtual y los avances en software de gestión.

Según Velazco (2021), la COVID-19 ha llevado a las empresas a superar el punto de inflexión tecnológico y ha transformado los negocios para siempre. La adopción digital ha dado un salto cualitativo tanto a nivel organizacional como industrial a nivel global. La investigación de la consultora McKinsey & Company ofrece datos relevantes en cuanto al proceso de aceleración de la digitalización a nivel empresarial e industrial (McKinsey & Company, 2020). La misma consultora (McKinsey & Company, 2023) estima que la IA podría tener un impacto económico de entre 17 y 25 billones de dólares, con la IA generativa contribuyendo con 6 a 8 billones. Esta cifra es comparable al PIB de la Unión Europea, lo que subraya el potencial de la IA para ser una fuerza económica transformadora sin precedentes.

La irrupción de la digitalización redefinió profundamente la estructura socioeconómica contemporánea, desarrollando una serie de cambios significativos a nivel global, desde cuestiones vinculadas a la ciberseguridad, la extracción masiva de datos, la violación de datos personales, la precarización laboral, las brechas digitales, la dependencia de infraestructuras críticas digitales, la manipulación electoral por desinformación, el espionaje masivo, la desinformación, la violación de derechos humanos a través de plataformas digitales, etc.

Para la Unión Europea (UE), estos riesgos se articulan en torno a la complejidad en la regulación de la inteligencia artificial (IA) y en la protección de datos personales, garantizando el manejo soberano de esta información. Otro factor crítico es la creciente dependencia de los servicios de infraestructura crítica digital de las administraciones públicas, donde las grandes empresas tecnológicas representan un riesgo en cuanto a salvaguardar la información de los ciudadanos europeos debido a la complejidad de la aplicación de los distintos sistemas legales de protección de datos personales. Las empresas extranjeras se ven cobijadas por su sistema jurídico interno de protección y manejo de información, donde se interpone su sistema legal y los datos van a parar a sus infraestructuras fuera de la jurisdicción europea. En particular, hay preocupación ante varias leyes chinas relacionadas con la ciberseguridad y la inteligencia nacional. Por lo tanto, esta dependencia en las infraestructuras de las plataformas digitales genera una incertidumbre en cuanto al cumplimiento de importantes normas y reglas de la UE por parte de los proveedores de servicios en la nube (cloud computing) en materia de protección de datos (Comisión Europea, 2020).

La UE ha tomado medidas decisivas para mitigar estos riesgos mediante el desarrollo y el establecimiento de un marco regulatorio (el desafío de mantener el efecto Bruselas), sobresaliendo a nivel global el proyecto de Ley sobre Inteligencia Artificial, que se aplicará a partir de 2026, y la Ley General de Protección de Datos (GDPR) implementada en 2018 (Consejo de la Unión Europea, 2023).

La UE no sólo regulará la IA para los veintisiete países integrantes, sino que también busca posicionarse como líder en innovación y desarrollo tecnológico a nivel global. Por lo tanto, este marco regulatorio conlleva desafíos para las empresas europeas, que deben desarrollarse en un entorno de mayor regulación y posibles costos adicionales o externalidades. El trabajo para Europa gira en torno entonces a encontrar el equilibrio entre fomentar la innovación y gestionar los beneficios que el empleo de estas tecnologías comporta en las distintas ramas de la economía y los distintos sectores industriales y su respectivo impacto social, a la vez que promueve el desarrollo de una industria de IA que trabaje con los valores éticos del grupo comunitario, permitiendo a la región no solo competir sino no verse soslayada en la era de la tecnología de la información y comunicación.

El desafío europeo ante el tecno feudalismo. Lectura de de Yanus Varoufakis

Yanis Varoufakis sostiene que la fragilidad digital de la Unión Europea no puede explicarse dentro de las categorías tradicionales del capitalismo industrial. A su juicio, la economía mundial ha mutado hacia un tecnofeudalismo gobernado por  el “capital en la nube”: un puñado de plataformas que privatizaron los bienes comunales de Internet, monopolizan los datos y extraen rentas algorítmicas de todo actor que necesite visibilidad o potencia de cómputo para su funcionamiento. Bajo esa lógica, la UE se ha convertido en el vasallo más sofisticado de un orden dominado desde Silicon Valley hasta Shenzhen, porque carece de infraestructuras digitales propias equivalentes, depende de proveedores externos para la computación crítica y, en lugar de beneficios productivos, paga peajes perpetuos que drenan su excedente y condicionan su desarrollo en el contexto de la era de la información,

Para Varoufakis, la renta digital es la nueva base de acumulación: El poder de las poderosas plataformas les permiten fijar precios, reglas y jerarquías mediante algoritmos opacos. Esta arquitectura coloca a la UE en una posición de subordinación estructural. Tres compañías estadounidenses —Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud— concentran más del setenta por ciento del mercado europeo de infraestructura en la nube, porcentaje que asciende al ochenta cuando se incluyen otros proveedores norteamericanos, de modo que la facturación anual que sale de la Unión supera los 250.000 millones de euros, una cifra comparable a la antigua dependencia energética del bloque (tech policy.pressincyber.org). La Comisión ha fijado el objetivo de que el 75 por ciento de las empresas utilice servicios cloud propios en 2030, pero en 2020 cuatro quintas partes de los datos europeos estaban ya alojados en servidores foráneos y la cuota de proveedores autóctonos seguía cayendo (blogs.lse.ac.uk).

Una de las cuestiones que evidenció la pandemia es que aceleró la dependencia tecnologica. Europa, sin un aparato digital propio, se vio atrapada entre la recesión productiva y la necesidad inmediata de contratar servicios digitales para teletrabajo, educación en línea y administración pública electrónica, lo que engordó aún más los peajes que desembocan en manos extranjeras. No sorprende que, en el marco de este “vasallaje digital”, cada nueva ronda regulatoria —desde el GDPR hasta el Digital Markets Act— termine reforzando esta dinámica y favorezca a los grandes actores, capaces de absorber los costes de cumplimiento mientras las pequeñas firmas europeas quedan estranguladas por la burocracia. Para el economista griego, el célebre “efecto Bruselas” se transforma así en una paradoja: Europa exporta reglas pero importa tecnología y pierde soberanía con cada contrato de servicio gestionado fuera de sus fronteras.

La consecuencia a muy grandes rasgos es un desequilibrio estructural . En el plano económico, la fuga de rentas digitales lastra la productividad y desvía recursos estratégicos de la economía digital. En el plano social, las plataformas extraen datos masivos de los ciudadanos del grupo comunitario, datos que son fundamentales para el entrenamiento de algoritmos de distinta naturaleza, desde la inteligencia artificial con fines comerciales a datos biométricos para predecir el comportamiento en tendencias de mercados, sistemas políticos y su posterior desenlace en el sistema democratico . En el plano geopolítico, la dependencia expone a la UE a la disputa comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, limita su capacidad de imponer estándares tecnológicos autónomos y amenaza la privacidad de sus ciudadanos, pues los datos quedan sujetos a legislaciones extra-europeas.

Conclusión

La dependencia digital de la Unión Europea no es un mero desfase competitivo; constituye la manifestación contemporánea de un vasallaje en un orden tecnofeudal donde el poder se concentra en centros de datos protegidos por poderosos poderes nacionales y algoritmos excluyentes y opacos. Mientras la Unión Europea no desarrolle una infraestructura digital propia de datos y computación,cualquier proclamación de “autonomía estratégica” en materia tecnológica seguirá siendo retórica política y no una realidad objetiva. El reto pasa por invertir la lógica de la renta: convertir la nube en un bien común europeo, nutrir un ecosistema financiero capaz de escalar start-ups de inteligencia artificial y, sobre todo, reconciliar la regulación con la producción.

Esta brecha entre legislar e innovar se amplía cuando se observa que más del 80 % de la computación en la nube utilizada por gobiernos y empresas del bloque proviene de proveedores extrarregionales, al tiempo que más del 70 % de los minerales críticos empleados en baterías, semiconductores y turbinas eólicas se importa de terceros países. Si bien el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Inteligencia Artificial han elevado el listón normativo mundial, ese “efecto Bruselas” puede volverse en contra de sus propias pymes cuando la carga regulatoria no se compensa con músculo productivo y financiero local. Sin inversión pública masiva, integración de capitales y cadenas de valor verdes-digitales ancladas en territorio europeo, la economía más abierta del planeta corre el riesgo de seguir siendo también la más dependiente y la menos preparada para la competición feroz que define la era de los señoríos digitales.

El desafío se extiende más allá de los bits: la seguridad del suministro de minerales estratégicos condiciona la transición energética y expone a la UE a tensiones geopolíticas y riesgos ambientales. Diversificar orígenes, fomentar la extracción responsable dentro de Europa y asegurar acuerdos con altos estándares de derechos humanos en los países proveedores son pasos ineludibles para reducir esa vulnerabilidad.

Finalmente, la experiencia europea invita a una reflexión comparada: ¿cómo se posicionarán los Estados de América Latina y del Sur global frente a la rápida carrera por la innovación tecnológica, la protección de datos y la extracción de minerales críticos? Quienes logren alinear regulación, financiamiento e infraestructura productiva obtendrán ventajas estratégicas duraderas. Quienes no lo hagan quedarán atrapados en una nueva jerarquía global, definida por la capacidad —o la imposibilidad— de construir soberanía en la nube y los recursos que alimentan la incesante revolución digital.

Fuentes Bibliográficas :

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