POR Equipo Internacionales CEDI
¿Qué recordamos hoy? Que la Argentina instaló el 22 de febrero de 1904 la base permanente más antigua en la Antártida en la Isla Laurie (Orcadas del Sur), aceptando hacerse cargo del observatorio establecido el año anterior por el escocés William Bruce (Decreto 3070/1904). Esta base lleva exactos 117 años funcionando ininterrumpidamente en la Antártida y es, a su vez, el título más perfecto que el país esgrime para reclamar soberanía en una zona donde se superponen reivindicaciones territoriales chilenas y británicas.
El continente Antártico tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados y es un reservorio importante de agua potable además de poseer una riqueza inmensa de recursos naturales y energéticos inexplorados. La importancia geopolítica de la Antártida es evidente, además de ser un posible foco de conflicto en un futuro ante situaciones de escasez energética o alimentaria.
Para contener esos posibles conflictos, se firmó en 1959 el Tratado Antártico (siendo nuestro país signatario original). Este Tratado regula aspectos relativos a la libertad de investigación científica, no nuclearización y no militarización de la zona Antártica, e incluye asimismo aspectos como la explotación racional de los recursos vivos marinos y protección del medio ambiente. Podemos afirmar que se limitan las actividades económicas en el continente blanco (con excepción del turismo), dándole absoluta prioridad a las investigaciones científicas.
Por otro lado, este Tratado forma con otros convenios lo que se denomina el Sistema Antártico[1]. En todos los instrumentos mencionados la Argentina participó del proceso de negociación, oportunamente aceptó sus disposiciones en su condición de Estado con soberanía en la región y al mismo tiempo ha mantenido una presencia constante en los foros multilaterales.
Es menester mencionar que la Argentina es Estado anfitrión de la Secretaría Ejecutiva del Tratado, que inició sus actividades en su sede en Buenos Aires el 1° de septiembre de 2004.
De este modo, es importante destacar la importancia estratégica de la diplomacia científica para el ejercicio de soberanía sobre el continente blanco. Si nuestro país abandonase su presencia allí, perdería derechos y su lugar podría ser ocupado por otro Estado que demuestre interés científico. Esta es una cuestión especialmente sensible en una zona como la península antártica en donde se superponen, como mencionamos, reclamos de varios Estados.
En ese sentido, cabe destacar las políticas llevadas adelante durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015): entre esos años, la planta de científicos que participaron de la Campaña se multiplicó por tres, pasando de 117 a más de 320. Además la producción y publicaciones de material especializado, artículos científicos e investigaciones tuvieron un aumento significativo, posicionando la ciencia argentina en la vanguardia y siendo un gran aporte para la comunidad internacional.
Finalmente, el establecimiento temporario de cientos de técnicos, profesionales y expertos (como también la realización de operaciones logísticas para su traslado) refleja la importancia estratégica para el país del trabajo antártico. El gran trabajo de refacciones del rompehielos Almirante Irizar en el Astillero Tandanor (que fue una decisión política y estratégica del gobierno de Cristina Fernández tras el incendio sufrido en 2007) entra dentro de este proyecto.
Para concluir, dada la revalorización tanto estratégica como geopolítica y económica del Atlántico Sur, es necesario visibilizar la importancia de la Antártida y concientizar acerca de la defensa de la soberanía mediante la promoción del desarrollo científico tecnológico. Las cuestiones relativas al continente blanco deben ser necesariamente encaradas como Política de Estado.
[1] El sistema está integrado por el mencionado Tratado Antártico, la Convención para la Conservación de Fauna Antártica (1978), la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980) y el Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente (1991) y normas dictadas en el marco de estos instrumentos.