POR Manuela Díaz
Fuente: zonanortediario.
El gobierno nacional, junto con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, va a desplegar un plan de seguridad con una inversión de 10 mil millones de pesos. Esta iniciativa surge a raíz de la demanda de algunos intendentes, en partidos donde se registran muchos robos y otras situaciones de inseguridad cívica. Siendo que este tema está instalado fuertemente en la agenda pública, y sobre todo en la del conurbano bonaerense, es esperable que el aumento de casos delictivos luego del aislamiento más estricto redunde en costos políticos para los gobernantes.
Esta medida se asemeja a las que tomara la ex gobernadora, María Eugenia Vidal durante su gestión, destinando una porción considerable del presupuesto de la provincia a cámaras de seguridad, patrulleros y nuevos agentes. Y, por supuesto, también coincide con las políticas del ex gobernador Daniel Scioli, cuyo mandato fue el que más cantidad de policías produjo. Pero el discurso que escuchamos del presidente y de la intendenta de Quilmes sobre todo parece aportar otros elementos, haciendo hincapié en la universalidad del delito y tratando de correr el foco estigmatizante de los sectores más pobres.
La cuestión de la inseguridad obtiene casi siempre la misma respuesta, independientemente del signo político de los gobiernos. Y no es común encontrar un debate profundo sobre sus causas y sobre medidas alternativas en los medios de comunicación. Parecería ser un problema fácil de resolver, con una sola respuesta; sin embargo, los índices delictivos aumentan y, sobre todo, la percepción de inseguridad es cada vez más alta.
Una genealogía del discurso
Para entender el problema de la inseguridad, es necesario primero acercarnos al concepto de seguridad. La seguridad es un derecho ciudadano. El Estado tiene la obligación de velar por el bienestar físico, psíquico y moral de las personas. Y en el contexto de un sistema capitalista, también garantiza la seguridad patrimonial. Pero más allá de las obligaciones del Estado, es cierto que una persona puede sentirse o no segura, y en ese caso ya estamos en el terreno de las subjetividades.
El sentimiento de inseguridad es algo muy real y vigente en nuestro país, pero no siempre estuvo en el centro del debate político. Antes de la crisis de 2001, los robos se atribuían popularmente al desempleo, a la falta de educación, a la desigualdad social. Por algunos años la crisis se convirtió en el factor explicativo de todos los fenómenos sociales en Argentina. Y es en 2004 cuando el término inseguridad adquiere un peso propio e incluso se reserva su propia sección en periódicos y programas televisivos; fue el caso Blumberg el que dio el puntapié mediático inicial a la cuestión de la inseguridad cívica. Ante tanta incertidumbre, las propuestas punitivas del falso ingeniero constituyeron un horizonte de claridad y verdad para gran parte de la población que sufría atentados físicos y contra su propiedad muy a menudo, al fin había alguien que hablaba del problema directamente y que sabía qué hacer.
A partir de ese momento, la agenda mediática se inundó de testimonios, percepciones y representaciones de la clase media sobre su seguridad y su sentimiento de inseguridad. Pasados los años de mayor violencia social de principios del siglo, se les dio mucha más cámara a los robos, y sobre todo a los cometidos por el nuevo personaje subversivo: los pibes de gorra.
Existen otros tipos de inseguridad cuyo análisis queda reservado para sectores intelectuales, como la inseguridad económica o la jurídica. Paradójicamente, la parte de la población acusada de generar la inseguridad cívica es la que más sufre las otras dos cuando no tiene el dinero necesario para garantizar su subsistencia, ni acceso a una defensa ante una acusación.
Hasta el momento, las políticas propiamente securitarias se orientaron a castigar al sujeto peligroso, a los jóvenes de barrios pobres. El Estado se encarga de esto mediante el mecanismo de las fuerzas de seguridad y a través del sistema judicial; la represión y el encierro garantizan el statu quo de las sociedades modernas.
La derecha monopolizó la temática y ofreció sus soluciones punitivas con una claridad apabullante, promoviendo la asociación de mayor control con más seguridad, más encierro con menos delitos, más violencia con mayor tranquilidad. En base a esas premisas, la cantidad de agentes de policía aumentó a lo largo de los años. Pero, además, proliferaron las agencias de seguridad privada, las policías locales y las herramientas tecnológicas que brindan el sentimiento de seguridad a la vez que favorecen un negocio millonario de venta de cámaras y alarmas.
La visión de los gobiernos
Durante el período de gobierno del macrismo, el discurso punitivo se exacerbó notablemente, llegando al punto de proteger y condecorar al policía Chocobar por haber asesinado a un menor por la espalda. Recordemos la represión en la marcha masiva en contra de la reforma jubilatoria de 2018 (y la posterior “caza” de manifestantes que la policía federal realizaba en moto luego de cada actividad), los intentos por implementar las pistolas Tasser como método de tortura legal y el plan sistemático de represión a los sectores de la economía informal (manterxs, inmigrantes, carrerxs). Estas violaciones terribles a los derechos, sumado a la aprobación de la ley de flagrancia y las múltiples encarcelaciones preventivas, nos pintan al gobierno que más prácticas punitivas y represivas desplegó desde la vuelta a la democracia, y siempre lo hizo justificándose en la necesidad de llevar mayor seguridad a la población.
Si bien este caso reciente resultó ser extremo, la cuestión de la seguridad se trataba ya anteriormente atacando la “sintomatología” de los pibes de gorra con más policía. Hubo algunos intentos de reforma en la estructura securitaria, siendo uno de los más resonantes el Operativo Centinela lanzado en 2010. En virtud de su presentación, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una diferencia clara entre el crimen organizado y los delitos producto de las desigualdades. En ese discurso indicó que las fuerzas armadas y el poder judicial deben prevenir y castigar los primeros, mientras que para los segundos deben existir las políticas públicas y el aparato del Estado. Esta diferenciación, si bien discursiva hasta el momento, es un buen inicio para repensar nuestras fuerzas de seguridad.
Profundizando un poco más en los cambios que se podrían hacer en la materia, Sabina Frederic tiene algunas reflexiones interesantes que la colocan del lado opuesto de la doctrina Bullrich. La actual ministra nacional se aleja de la visión punitivista y retoma los conceptos de cuidado y de protección a la hora de hablar de seguridad, entendiendo que es un movimiento difícil ya que esta concepción anularía el rol que la justicia penal tiene actualmente. También hace hincapié en las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad y en cómo el Estado debe garantizar el bienestar de los y las agentes.
Aunque estas últimas dos posturas son menos populares, visibilizan el hecho de que no existe una sola forma de afrontar la cuestión securitaria desde el Estado. Y es necesario considerar los distintos abordajes que existen y existieron para comenzar a desmenuzar el problema y proponer soluciones creativas, pero, sobre todo, eficaces.
Gestión de los conflictos a la Argentina
Si analizamos nuestra realidad como algo que está desordenado, entendemos que nuestros esfuerzos tienen que concentrarse en poner orden. Si los delincuentes dispersos por las ciudades son el desorden, las cárceles son las repisas en donde hay que colocarlos. Ahora bien, si en cambio asumimos que el desorden es inherente a la vida en sociedad, podemos buscar gestionar los conflictos en lugar de eliminarlos.
Seguir la lógica de la gestión de la conflictividad es un gran desafío puesto que nuestra historia reciente marca una línea de progresión punitiva constante. En ese sentido, la actual ministra de seguridad nacional plantea una ruptura, sobre todo cuando pone el ojo en las condiciones de las fuerzas de seguridad. A las observaciones que hace podríamos sumar que las buenas condiciones laborales son necesarias, pero también lo son un acompañamiento y apoyo profesional desde la psicología, el trabajo social, el derecho; y es necesaria una constante formación en derechos humanos, feminismo y soluciones alternativas y, sobre todo, pacíficas. El cuidado no debe estar orientado hacia los efectivos, sino hacia el cuerpo policial. Cuidar a la policía es velar por que ésta no cometa crímenes.
Es muy difícil pensar para nuestro país en experiencias como la de justicia y seguridad comunitarias que existen en algunos territorios indígenas de México, por ejemplo. Pero es necesario conocerlas, como conocemos el formato de militarización de los barrios pobres que llevan adelante Brasil y Colombia, entre otros; o como nos imaginamos perfectamente la política de tolerancia cero que implementó en Nueva York el alcalde Rudolph Giuliani (y que Guillermo Montenegro quiso emular al frente de la Metropolitana). Pero debemos conocer estas alternativas para gestionar los conflictos de una manera autóctona, creando nuestra propia política estrictamente de seguridad. Podemos y debemos pensar en la cuestión de la inseguridad para vivir en una sociedad más pacífica.
El plan para la provincia
Volviendo al plan específico que se va a desplegar actualmente y teniendo en cuenta este recorrido por nuestra seguridad, no parece marcar un cambio en las políticas comunes que se vienen teniendo. Tampoco se trata de una planificación exhaustiva, sino que es básicamente el destino de una partida presupuestaria específica para aumentar el personal policial en la provincia, otorgar más botones antipánico, refaccionar comisarías y construir módulos carcelarios, sumar cámaras y centros de monitoreo además de construir paradas de colectivos inteligentes. Es decir, apuntalar la estructura securitaria actual a partir de un diagnóstico “sintomatológico” más específico de parte de los intendentes.
Las promesas de un futuro plan nacional más integral, el Centinela 2, vislumbran alguna posibilidad de cambio paulatino teniendo en cuenta los recientes dichos de la ministra de seguridad en una entrevista periodística y los discursos de Mayra Mendoza y Alberto Fernández contra la estigmatización de las capas más bajas de la sociedad; y considerando también la visión a la que se aludiera, al menos en el discurso, en la presentación del Operativo Centinela original:
En todos los momentos históricos que nos han tocado vivir a los argentinos en estos 200 años de historia, cada vez que se le ha hecho creer a la sociedad que la seguridad estaba por encima de los valores del respeto a la vida humana siempre nos ha ido mal, porque finalmente lo que menos se ha terminado cuidando es la vida y el patrimonio de los argentinos, se perdía la vida o se perdía el trabajo.[1]
[1] Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de presentación del Operativo Centinela en 2010.