A propósito de Costa Salguero y Punta Carrasco
POR Equipo Ambiente CEDI
Los vencimientos de los contratos de concesión extensamente prolongados por las diferentes administraciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituyeron el puntapié para el surgimiento de un nuevo conflicto entre modelos de desarrollo urbano y social antagónicos, algo que es propio de todas las urbes del mundo contemporáneo.
Si Costa Salguero y Punta Carrasco pueden dejar de existir como tales a la brevedad, no hay certezas respecto a lo que se erigirá en su lugar: ¿espacios públicos de libre acceso para la ciudadanía? ¿Edificaciones surgidas como consecuencia de procesos de valorización de capitales inmobiliarios privados? Pues el proyecto del Gobierno de la Ciudad planea destinar aproximadamente un 34% del área en conflicto a la edificación de viviendas de lujo, oficinas comerciales, comercios y restaurantes con un claro perfil vinculado al consumo mercantil de bienes y servicios. Así que ya tenemos la respuesta de la fuerza política oficialista.
Lamentablemente, estas dinámicas no son novedosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el inicio de la gestión gubernamental interrumpida del Partido PRO, en el año 2007, hasta el presente, los proyectos de venta y comercialización del espacio público proliferaron a un ritmo inédito en la historia porteña: más de 470 hectáreas de dominio público pasaron a manos privadas. Y lo hicieron siempre con un denominador común, la generación de desarrollos urbanísticos de alto costo y, por ende, con enormes limitaciones para su acceso por parte de sectores sociales medios y bajos. Este fenómeno constituye un factor relevante a la hora de la consideración de los programas de gobierno, ya que el sacrificio del acceso a la tierra en pos de desarrollos privados de lujo accesibles sólo para una parte (cada vez más) minoritaria de la población que habita la Ciudad devela a qué sector social se encuentran dirigidos.
¿Por qué este proyecto se plantea como un perjuicio de cara a la ciudadanía?
a) Porque supone un perjuicio ambiental, ya que implica una profundización en la reducción de los 6 metros cuadrados de espacios verdes por habitantes que viene gestándose hace varios años en la ciudad, nivel que en la actualidad de por sí no cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 10 metros cuadrados por habitante. A su vez, según observaciones realizadas por FARN, implica un retroceso en relación a la conservación de los servicios eco-sistémicos que provee la Reserva Ecológica Costanera Norte, tales como la absorción de excesos de precipitaciones que evitan anegaciones en áreas urbanizadas. En este sentido, las evaluaciones de impacto ambiental no se realizan de forma acumulativa sino individualmente por proyecto, lo que permitiría prevenir o morigerar los efectos de las diversas iniciativas sobre esta área conservada.
b) Por otro lado, supone también un perjuicio urbano dado que implica elevados niveles de riesgo considerando la cercanía de edificaciones de 10 pisos al Aeroparque Metropolitano. Informes técnicos elaborados por la ANAC dieron cuenta de los riesgos que implicaría este tipo de proyecto, en tanto la presencia de este tipo de construcciones que superan la altura permitida por el código aeronáutico de menos de 500 metros de la cabecera de la pista implican no solo riesgos vinculados a la seguridad sino también a la viabilidad de estas viviendas por la alta sonoridad producto del tránsito aéreo en la zona.
c) Finalmente, su avance resulta profundamente antidemocrático, a la luz de los resultados de la Audiencia Pública llevada adelante en las últimas semanas, habida cuenta de que contó con la participación de más de 7000 vecinos, ONGs, y otras organizaciones, y el 97% se pronunció en contra del proyecto por diversos factores. Entre los 55 detractores del proyecto que se expresaron en estas instancias, 34 de ellos son actuales funcionarios del GCBA.
Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral (CEDI) entendemos que la sostenibilidad ambiental debe atravesar todas las acciones de gobierno y devenir política de Estado. Esta exigencia se profundiza cuando el gobierno no oficia solo como contralor sino que es el instrumentador y ejecutor de proyectos de urbanización que tienen un impacto considerable en el proceso de constitución del medio ambiente. En este sentido, una política ambiental de Estado debe implicar una visión a largo plazo a la hora de modificaciones ecosistémicas tan drásticas como las que están bajo análisis. Como también debe asentarse en el reconocimiento de que el espacio público y el medio ambiente implican un mecanismo socialmente igualador, en tanto y en cuanto todos/as los/as ciudadanos/as (y no solo una parte) tienen el derecho de acceso ilimitado a los espacios públicos y espacios verdes, como así también tienen las mismas responsabilidades para su conservación. El Estado, en ese sentido, debe ser garante para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a la totalidad de su ciudad.