POR Lic. Lisandro Firpo
En el contexto de la “Primera Ola” de la pandemia, desde el CEDI vislumbrábamos un nodo o problemática central a resolver en el marco del aislamiento obligatorio y lo expresábamos en nuestra nota “Un delivery justo para todos en el marco de la pandemia”[1]. Allí precisábamos que había que lograr en los ámbitos municipales que se cuente con herramientas digitales institucionales de entrega a domicilio de productos y servicios, para evitar de este modo los abusos de empresas como Pedidos Ya y Glovo, y para dotar a comerciantes y vecinos de una herramienta segura y confiable. Es decir, la pandemia había evidenciado la necesidad de impulsar un sistema de delivery que sea justo para todas las partes.
Un mes después, llegó la noticia del primer antecedente en la temática: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una Ley que regulaba las APPs. No obstante, y en sintonía con los actores principales afectados –los/as repartidores/as–, entendemos que, dicha normativa no aportó demasiado a las necesidades del sector: no interviene en la relación desigual y de explotación de las empresas digitales y encara la cuestión desde el aspecto vial obviando las problemáticas laborales y otras que consideramos cruciales.
Por otra parte, el municipio de Escobar estableció a través de una Ordenanza Municipal un marco regulatorio más integral para toda la actividad de delivery, convirtiéndose en el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que legisla en la materia. A grandes rasgos, y de acuerdo a lo expresado por el intendente Ariel Sujarchuk, Escobar ha avanzado en un marco normativo de regularización en tres niveles: la creación de un registro oficial de los conductores, capacitaciones para los mismos y un control del estado de los dispositivos de traslado de los alimentos.
A estos antecedentes se agregar ahora el dato no menor de que el Gobierno Nacional viene preparando un proyecto de Ley para regular la responsabilidad de las empresas de plataformas digitales de delivery, incrementar la carga tributaria y, de esta manera, dar respuestas a miles de trabajadores que hoy no cuentan con protección normativa a nivel nacional.
¿Cuál era nuestra propuesta?
La base de la propuesta que habíamos elaborado desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral (CEDI) en el mes de julio era la creación en el ámbito de los municipios de un servicio digital o APP de entrega de pedidos utilizando dispositivos de movilidad sustentables, hasta una distancia de 2 km del comercio. De esta manera, se daría una respuesta institucional en el corto plazo a la problemática arriba descripta. También, a fin de evitar el uso del dinero en efectivo, y acorde a las indicaciones brindadas por organismos de salud, es que sugerimos e impulsamos el pago a través de medios digitales o tarjeta de débito/crédito.
A su vez, desde el CEDI alentamos a que municipios, a través de las áreas que consideren, generen un vínculo virtuoso entre las cámaras de comercio locales, comerciantes, trabajadores de delivery y vecinos y vecinas que requieran de este servicio tan importante en estos tiempos. Para que sea operativo, consideramos diversas instancias. Principalmente, que los municipios creen un registro digital de proveedores de delivery. Y por otra parte, en busca de lograr una inclusión financiera se debería también impulsar el pago por canales digitales, invitando a comerciantes y a vecinos a que lo hagan de ese modo.
¿Cuál es el objetivo principal del gobierno nacional?
Según lo informado en diversas notas periodísticas, el Gobierno Nacional, a través de la AFIP, principalmente, busca atacar al menos tres frentes. El primero, dotar de seguridad social a los y las trabajadoras de reparto, tan importantes en el marco de la pandemia, al incrementar la responsabilidad de los empleadores. En segunda instancia, actualizar la normativa laboral al respecto. Por último, reducir el nivel de informalidad de la actividad y elevar la contribución de estas empresas al sistema tributario.
Nuestra opinión
Entendemos que la regulación debe avanzar sobre ciertas cuestiones importantes que hasta el momento no se han desarrollado a nivel local, como ser la creación de aplicaciones o herramientas digitales bajo control municipal. Sostenemos esta posición por ser una primera instancia de regulación sobre las APPs que esconden en no pocas ocasiones condiciones laborales para los/as cadetes que rozan la explotación laboral y la precarización que supone la ausencia de cobertura de salud, como también situaciones de “castigo” a los y las trabajadoras si no cumplen con las exigencias planteadas por dichas empresas. Este tipo de empresa tampoco responde frente a un siniestro y, además, se deslinda de responsabilidades frente a las y los consumidores. Es en ese sentido, nuestra recomendación es complementar las iniciativas legislativas con la creación de cooperativas de cadetería en el ámbito de cada distrito, para que de esta forma desempeñen su trabajo de manera digna y segura, acompañados por un Estado presente.
Consideramos que el espíritu del proyecto nacional que se presentará al debate parlamentario en breve busca adecuar dicha actividad a la normativa laboral general y proteger principalmente a los y las trabajadoras tan esenciales en el transcurso de esta pandemia. También recomendamos mirar el caso de España, donde en el mes de marzo de 2021 la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó un proyecto normativo para la formalización de los "riders", como los llaman en el país ibérico a los cadetes, como personal laboral de las empresas de entregas y logística.
La medida podría llegar a ser un antecedente para que firmas como Glovo, Deliveroo, Rappi o Pedidos Ya hagan el mismo reconocimiento sobre quienes utilizan sus aplicaciones para generar ingresos.
Fuente de la imagen: TELAM.